Análisis Constituyente Nº 24 Impacto de la elección presidencial en la Constitución (actual y futura)

7 de enero de 2022

  • A pocos días de la segunda vuelta presidencial han aparecido en el debate público varias temáticas que se vinculan a la Constitución y al trabajo que realiza la Convención Constitucional. Nos parece relevante examinar las cuestiones más importantes que se relacionan con la actual Constitución y con lo que establezca el nuevo texto fundamental.
  • El Presidente electo iniciará su mandato en marzo del 2022 cuando la Convención lleve 8 meses de funcionamiento. Finalizará su tarea el 4 de julio y votaremos en el plebiscito entre septiembre y octubre del mismo año. Al Presidente electo le corresponderá acompañar y colaborar con el trabajo de la Convención pero, con base al principio de separación de poderes, le está vedado pronunciarse sobre asuntos propios de la misma ya que corresponden a otro poder del Estado. A ningún poder público le está permitido atribuirse más derechos o autoridad que los que la Constitución y la ley le permiten. Entonces, ¿Cuál es la labor del nuevo Gobierno? El art. 133 inciso final de la actual Constitución señala que debe prestar apoyo técnico, administrativo y financiero durante su funcionamiento.
  • En el contexto de la campaña presidencial, se ha propuesto un Estado de Excepción de Emergencia calificado, en particular, que el Presidente de la República, con autorización del Congreso, pueda ejercer cualquier atribución de otro Estado de Excepción. Para que proceda bajo esta Constitución requiere una reforma constitucional. Luego, para ser dispuesto y aplicado al amparo de la nueva Constitución requerirá que ésta lo disponga en su articulado y sea aprobado por 2/3 partes de los convencionales. Tal cuestión exige cautela. Lo que se debe analizar es la justificación y proporcionalidad de la medida en cuanto a que el Presidente podrá ejecutar cualquier atribución propia de otro estado de excepción, tales como, la detención en lugares que no sean cárceles ni lugares destinados para ello (Estado de sitio) o abrir, interceptar o registrar documentos y comunicaciones (Estado de Asamblea), sin que concurran las situaciones factuales que lo habilitan.
  • En materia de género las medidas presidenciales tendrán que adecuarse a lo dispuesto en el nuevo texto y a los derechos y principios vigentes, ya que seguramente su ejecución coincidirá con su entrada en vigencia. La paridad, que se ha instalado como un estándar en la discusión constituyente, en especial la democracia paritaria y, considerando que ya existe una propuesta de norma constitucional sobre eliminación de la violencia en contra de la mujer, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas, hacen difícil la posibilidad de retroceso en estos asuntos. A ello se debe sumar la aplicación de la irreversibilidad de los derechos humanos en materia de libertad personal, igualdad y no discriminación de acuerdo al Pacto de San José de Costa Rica.
  • Finalmente, las propuestas sobre salud y pensiones deberán examinarse con base al texto vigente al momento que se analice su constitucionalidad. Este resultado podrá ser diferente según qué texto se utilice de parámetro de comparación. Hasta ahora, los proyectos de ley que han incorporado solidaridad no han sobrepasado el test de constitucionalidad en el Congreso. En el nuevo texto una propuesta de este tipo podrían avanzar si se define el Estado como uno social y democrático de derecho, donde las lógicas redistributivas y solidarias permiten desarrollar políticas más allá de la lógica individualista del texto actual.
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