Análisis Constituyente Nº 25 Las primeras normas constitucionales.

  • Los convencionales tienen hasta el 6 de enero – plazo que está en evaluación de extensión – para presentar sus propuestas de normas constitucionales y la adhesión a las iniciativas populares de normas es hasta el 20 del mismo mes. Tales iniciativas se deben aprobar por mayoría en cada una de las 7 comisiones. Luego, y a partir del 8 de febrero – plazo sobre el cual también se pedirá extensión-, se iniciarán las sesiones plenarias donde cada comisión deberá presentar informes a la sala para ir votando por 2/3 cada una de las normas. o
  • Hasta ahora, observamos 3 formas de enfrentar este desafío. Lo más común es la presentación de normas temáticas que abordan un asunto en particular, teniendo por finalidad fijar un punto político que de cuenta de una posición constitucional. En este sentido se han formulado propuestas que disponen de una vida libre de violencia, el principio de interculturalidad, el derecho a la vivienda digna, el derecho humano al agua o la declaración del Estado Regional. Seguidamente, están aquellas normas regulatorias que se sitúan particularmente en la Comisión de Derechos Fundamentales tratando el financiamiento de los derechos, la garantías de los mismos, las obligaciones fundamentales de los derechos, la regulación y reserva de ley y los destinatarios de tales derechos entre otros asuntos. Como tercer modo están aquellas que abordan capítulos o parte de ellos, como las que tratan el apartado de principios constitucionales, donde se han fijado los fundamentos del orden constitucional. Así destaca la dignidad como valor supremo, la plurinacionalidad, el modelo social, la democracia representativa complementada por la democracia participativa, etc.
  • La clave de estos proyectos es la clara definición de tener una Constitución distinta a la actual, donde las prioridades programáticas de los convencionales, que se expresaron en la campaña, en los documentos presentados ante el Servel y sus posiciones en las comisiones, han aterrizado en el espacio normativo concreto. Esto da cuenta de un desafío que se vincula a que la Constitución puede verse afectada por ser la sumatoria de intereses temáticos con base a una lógica agregativa, cuestión que deberá resolverse en las próximas semanas en cuanto se visualice la forma en que las comisiones negociarán: si será por transacción, como ocurrió en la etapa reglamentaria, o será buscando puntos en común. Este segundo método es más complejo, pero permitiría tener una constitución que aborde las cuestiones generales del Estado permitiendo que la deliberación democrática futura puntualice las definiciones legislativas y de política pública específicas. Demás está decir que la técnica de redacción de normas debe ser un asunto de especial preocupación de los convencionales, pues una norma mal escrita puede ocasionar problemas de aplicación e interpretación futura.
  • Otro desafío de esta nueva etapa es dar cuenta de la incidencia de los procesos participativos en la elaboración de dichas normas. Como se ha planteado a todo lo largo del proceso, lo que ha sido analizado también por el Observatorio, que la participación pública sea incidente es clave para la legitimidad del proceso. Hasta el momento la participación se ha centrado en las audiencias públicas, la puesta en marcha de la plataforma que recibe las iniciativas populares de norma, la constitución de una Secretaría Técnica, y el trabajo territorial específico de los Convencionales. Esperemos prontamente se de a conocer la sistematización de las otras modalidades de participación, que permitan observar la trazabilidad de las ideas ciudadanas en las normas.
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