Aprueban “libertad de enseñanza”, aunque queda en duda cómo será la creación de colegios y el financiamiento a privados

Ayer se confirmó parte del temor de los colegios particulares subvencionados respecto de la discusión del financiamiento estatal a ese tipo de establecimientos, luego de la votación del segundo informe de la comisión de Derechos Fundamentales en el pleno de la Convención Constitucional. Y es que aunque se aprobaron el inciso primero del Artículo 19, que indica que “la Constitución garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla”, y el segundo, que comprende “la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas de elegir el tipo de educación de las personas a su cargo”, se rechazaron otros incisos y artículos.

Por ejemplo, se rechazó una serie de indicaciones que resguardaban el “derecho preferente de los padres” a elegir la educación de sus hijos y proyectos educativos diversos explícitamente diferentes a los estatales, como habían advertido especialistas aludiendo incluso a la existencia de tratados internacionales al respecto.

Además, se rechazó el tercer inciso de ese mismo artículo, que planteaba que “comprende la libertad para crear y gestionar establecimientos educativos, en el marco de los fines y principios de la educación”. Esto último, advierten expertos, impediría a privados crear y ser sostenedor de nuevos colegios.

Financiamiento

Tampoco avanzó al borrador el que “el Estado podrá financiar establecimientos educacionales no estatales”, algo que desde el año pasado alertaron expertos y agrupaciones de colegios, y que se insistió ayer desde temprano por algunos convencionales.

La convencional Constanza Hube (Unidos por Chile) señala que “el reconocimiento y financiamiento de los colegios particulares subvencionados, que representan el 55% de la matrícula, dependerá de que estos se ajusten a los principios y fines que propone la Convención”.

Similar opina el convencional Alfredo Moreno (Un Chile Unido): “Les ofrecemos a los chilenos una larga lista de derechos, pero todos vienen con letra chica; por eso, cada día más gente tiene dudas”, sostiene, y agrega que “la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos quedaron en el puro título”.

Hernán Herrera, presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares (Conacep), plantea que “sin perjuicio de que la letra grande queda como que se respeta la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres, posteriormente se dice que todo va a estar sujeto a legislación de carácter simple. Por lo tanto, cuando uno está frente a una Constitución que están construyendo de forma maximalista, la verdad es que cuando tú no quedas en ella, indudablemente se instalan inmediatamente las amenazas”.

Añade que “si fuera minimalista y no se entra en detalles, uno podría pensar que hay buenas intenciones, pero cuando agregan cerca de 400 artículos y no te incluyen, quiere decir que no te consideraron en un derecho constitucional”.

Herrera valora, eso sí, que no se aprobara la indicación 199, que planteaba que “el Estado no participa del financiamiento al sector privado”, de la convencional María Magdalena Rivera (Coordinadora Constituyente). Considera que hubiese sido “la muerte del sector particular subvencionado”.

Ana María Celis, coordinadora de la Comisión de Creencias del Foro Constitucional UC, afirma que las normas aprobadas “lo que hacen desde la perspectiva de la libertad religiosa, es prescindir del desarrollo espiritual que comprende todo proceso de aprendizaje, limitan el derecho preferente de los padres a transmitir sus creencias y su expresión en la educación formal: la iniciativa privada para desarrollar proyectos educativos”.

Profundiza en que “es además lamentable que se desconozca la realidad nacional: el 39% de los establecimientos educacionales es de orientación religiosa, principalmente de predominio católico (91%) y evangélico (9%). Más de la mitad corresponde a establecimientos particulares subvencionados”.

Por el contrario, Cristián Bellei, académico del CIAE de la U. de Chile y de la U. Austral, dice que lo aprobado “garantiza la libertad de enseñanza y mandata al Estado a respetarla, por lo que no veo riesgos en ese sentido”.

Fuente: El Mercurio

Logan Constituyente

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