Escrito por:

Rodrigo Logan Soto.

Convencionalista, Distrito 9

Santiago 2021

“Una experiencia eterna –nos ha enseñado- que todo hombre investido de autoridad abusa de ella. No hay poder que no incite al abuso, a la extralimitación ¡Quién lo diría! Ni la virtud puede ser ilimitada. Para que no se abuse del poder, es necesario que le ponga límites la naturaleza misma de las cosas.” Montesquieu.

Para los efectos de desarrollar una sociedad que aplique una economía social y ecológica de mercado, se requiere el establecimiento de nuevos principios constitucionales en el ordenamiento jurídico chileno, que permitan la inclusión de una nueva perspectiva de equidad, solidaridad y protección del medio ambiente en las instituciones del país.

En este contexto, se abordarán solamente aquellos principios, derechos fundamentales y órganos de la administración del estado que influyen directamente en la forma que se despliega la economía del país, de modo que no nos referiremos a temas tales como: emblemas patrios, tipo de organización política, definición de nación y soberanía.

a) BASES DE LA INSTITUCIONALIDAD:

Las bases de la institucionalidad establecen los principios fundamentales de la organización del ordenamiento jurídico, dictando orientaciones para la actividad de las personas, grupos intermedios y el Estado.

Dichas bases tienen un fuerte impacto en la forma que se desarrolla la economía del país, de modo que nuestro análisis se detendrá en aquellas normas que deben ser modificadas para transitar a una economía social y ecológica de mercado, siendo éstas los siguientes:

1. El artículo 1° de la actual Constitución Política del Estado: 

“Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.

El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.

El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.

Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”.

El principio de subsidiariedad que se encuentra establecido el inciso 4°, ha tomado forma a partir de la interpretación del Tribunal Constitucional, ya que en estricto rigor la carta fundamental no ha señalado expresamente que el Estado tiene que abstenerse de desarrollar actividades que los privados no quieran o no puedan llevar a cabo.

Dicha interpretación ha limitado la actividad del Estado en ámbitos donde debiese tener un rol fundamental, tales como: salud, educación y previsión social. Por lo anterior, se necesita establecer una función privativa del Estado que se aplique excepcionalmente a esas materias, sin afectar la iniciativa privada en otras materias o el desarrollo tecnológico en áreas privativas del Estado.

Este principio debiese ser reemplazado por los siguientes:

a) Principio de equidad y justicia social: Es deber del Estado promover el bien común en forma equitativa entre los integrantes de la comunidad nacional. Excepcionalmente, el desarrollo de las materias relacionadas con la salud, educación y seguridad social de las personas serán una función privativa del Estado. La ley determinará los ámbitos en que los privados podrán colaborar en dicha función.

Mediante la inclusión de este principio el Estado podrá adoptar un rol más activo en los temas que le importan a la ciudadanía, permitiendo establecer con claridad los límites que le corresponderá a los privados para colaborar en dicha función.

b) Principio de solidaridad: Los Órganos del Estado promoverán el desarrollo solidario de las actividades de todos los integrantes de la comunidad nacional.

Este principio permitirá a los órganos del Estado establecer regulaciones al mercado que tengan que permitan la redistribución de recursos hacia los actores económicos que por su naturaleza requieren acciones positivas, como el emprendimiento.

c) Principio de sustentabilidad ambiental: Todos los integrantes de la comunidad nacional deberán desarrollar sus actividades promoviendo el cuidado del medio ambiente, para lo cual deberán compensar el daño que produzcan sus actividades con la naturaleza. La ley determinará la forma en que deberán realizarse dichas compensaciones.

La actividad humana ha generado un fuerte impacto en el medio ambiente, la inclusión de este principio no solo busca el establecimiento de compensaciones de tipo económicas (que corresponden a un impuesto) sino al desarrollo de actividades alternativas, como el compromiso de cuidar bosques, efectuar el cuidado de especies en peligro de extinción, plantar y regar árboles nativos en los distintos territorios, etc.

d) Desarrollo de nuevas tecnologías: Los Órganos del Estado promoverán el desarrollo de nuevas tecnologías que aseguren un desarrollo sustentable con el medio ambiente.

Si no se impulsa el desarrollo de nuevas que disminuyan los niveles de contaminación del país, no se podrá establecer una economía ecológica.

Finalmente, con la inclusión de estos principios se aclarará que el bien común es un concepto que se desarrolla en armonía con el medio ambiente

2. El artículo 6º de la actual Constitución Política del Estado: 

“Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República.

Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.

La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley”.

La acción de los Órganos de la Administración del Estado tiene un fuerte impacto en el desarrollo de los mercados, adoptándose decisiones que pueden causar fuertes cargas a los particulares. Estas decisiones deben ajustarse a la Constitución y las leyes, para disminuir la arbitrariedad de los órganos de la Administración del Estado. Sin embargo, se requiere que se otorguen potestades para corregir rápidamente desviaciones de ciertos mercados que pueden afectar gravemente a la población, como contrapartida se deben establecer procedimientos contenciones eficientes que permitan resguardar los intereses legítimos de los particulares.

En este sentido, se deben retirar la facultades dictaminadora y jurisdiccional de la Contraloría General de la República, quedando solamente con facultades fiscalizadoras y de trámite de toma de razón. Lo anterior, con la finalidad de permitir que los particulares puedan reclamar directamente ante tribunales especializados, rápidos y eficientes ajustados al debido proceso.

A su vez, se requiere delimitar con claridad la forma en que se debe aplicar el principio de Responsabilidad del Estado, haciendo primar el concepto de falta de servicio con una adecuada definición constitucional.

Para lograr lo anterior, también se requiere establecer mecanismos para aplicar responsabilidades tanto al ámbito público y privado, para inhibir actos de corrupción al interior del Estado, los cuales pueden provocar desviaciones en los mercados, afectando la competencia entre sus actores.

b) DE LOS DERECHOS Y DEBERES CONSTITUCIONALES:

1. El artículo 19 N° 8 de la actual Constitución Política:

“8º.- El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.

La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”.

Se deben establecer mayores potestades a los Órganos de la Administración del Estado para limitar el desarrollo de actividades económicas que sean dañinas al medio ambiente, entregándole un control eficiente a los Tribunales Medioambientales.

2. El artículo 19 N° 9 de la actual Constitución Política:

9º.- El derecho a la protección de la salud.

El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo.

Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud.

Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias.

Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado”.

Este derecho fundamental debe ser abordado de una forma diferente, estableciendo un sistema único de salud para todos los chilenos, ya que bajo el ánimo libertario de permitir a los chilenos la posibilidad de elegir sistemas de salud, solo se ha fomentado la inequidad y diferencias odiosas.

La modificación de la forma en que está redactado este derecho fundamental permite que la salud se transforme en un bien de consumo, lo cual solo favorece a una parte muy pequeña de la población.

2. El artículo 19 N° 11 de la actual Constitución Política:

“11º.- La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales.

La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional.

La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna.

Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos.

Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel.”

Este derecho fundamental debe ser abordado de una forma diferente, estableciendo un sistema de educación único para todos los chilenos, con regulaciones fuertes que impidan que se ideologicen los planes educativos.

Al dejar de ser un bien de consumo, la educación podrá ser una forma de dar un tratamiento equitativo a todos los chilenos y evitar la segregación que actualmente se vive en el país. Lo anterior, tendrá un fuerte impacto en el sistema económico, ya que permitirá el fomento de un sistema educativo que permita el emprendimiento, que desarrolle nuevas tecnologías, la formación de ciudadanos íntegros y, a largo plazo, la generación de nuevos mercados.

Por medio de una educación segregada, también se generan iniciativas económicas que no admiten diversidad, favorecen la concentración de la riqueza y detienen el desarrollo tecnológico.

3. El artículo 19 N° 18 de la actual Constitución Política:

“18º.- El derecho a la seguridad social.

Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado.

La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias.

El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social”.

La redacción de este derecho fundamental no se enfoca correctamente en las necesidades de las personas, sino que en la posibilidad que los privados puedan desarrollar actividades de seguridad social para la población.

Sin embargo, los privados basan legítimamente el desarrollo de sus actividades en la obtención del lucro, lo cual no necesariamente se realiza de forma sinérgica con los intereses de las personas, de modo que debe ser el Estado el que asuma la función de protección de la seguridad social de sus ciudadanos de manera privativa.

3. El artículo 19 N° 20 de la actual Constitución Política:

20º.- La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas.

En ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos.

Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado.

Sin embargo, la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectados a fines propios de la defensa nacional. Asimismo, podrá autorizar que los que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados, dentro de los marcos que la misma ley señale, por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo;

La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas tiene que estar asociada al estado de desarrollo de una actividad económica, permitiendo que los emprendedores puedan afianzar sus actividades económicas para luego contribuir con sus impuestos a la función estatal.

4. El artículo 19 N° 21 de la actual Constitución Política:

21º.- El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.

El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de quórum calificado”.

El Estado debe mantener un rol limitado en las actividades empresariales, pero se le debe permitir su presencia en aquellas actividades que estén destinadas al desarrollo de nuevas tecnologías que permitan el resguardo del medio ambiente.

También se deben fijar con criterio las demás áreas donde se le permitirá el desarrollo estatal, donde se permitirá que compita para efectos de mantener un equilibrio de los mercados. También se deben fijar criterios para privatizar empresas que no han aportado al bien común, como por ejemplo ferrocarriles del Estado.

5. El artículo 19 N° 22 de la actual Constitución Política:

 22º.- La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.

Sólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras. En el caso de las franquicias o beneficios indirectos, la estimación del costo de éstos deberá incluirse anualmente en la Ley de Presupuestos;

Se deben agregar compensaciones al medio ambiente y se debe permitir un aporte especial a los presupuestos de las regiones donde se desarrolla la actividad económica. Con esto último, se podrá

6. El artículo 19 N° 23 de la actual Constitución Política establece

“23º.- La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así. Lo anterior es sin perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de esta Constitución.

Una ley de quórum calificado y cuando así lo exija el interés nacional puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes”.

Se debe establecer a nivel constitucional la determinación de aquellos bienes que serán considerados como comunes a todas las personas, tales como el agua, la energía solar, las playas. Estableciendo una regulación reglamentaria en la constitución, sobre todo en lo que respecta al agua impidiendo la existencia de derechos de uso perpetuos, estableciendo mecanismos de subastas cada cierto tiempo y asignando cuotas para el consumo de la población a nivel de subsistencia. 

7. El artículo 19 N° 24 de la actual Constitución Política establece

24º.- El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales (…)

Se deben realizar ajustes al derecho de propiedad dándole realce a aquellas materias que no podrán ser consideradas como bienes de consumo, tales como la salud, la educación y la seguridad social.

C) ORGANOS QUE DEBEN SER ABOLIDOS O REFORMADOS A NIVEL CONSTITUCIONAL

Existen ciertos organismos que inciden indirectamente en el desarrollo de la actividad económica y que deben ser corregidos para asegurar la estabilidad económica.

1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Para que exista un sistema económico flexible y democrático se debe abolir el Tribunal Constitucional.

2. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Se debe retirar el rango constitucional de la Contraloría General de la República, abolir sus atribuciones dictaminadoras y jurisdiccionales, dejándole solo sus facultades fiscalizadoras y de toma de razón.

Con lo anterior, los agentes económicos podrían tener certeza que son los tribunales los que deben determinar si el actuar de la administración del Estado se sujeta a Derecho.

3. FUERZAS ARMADAS, DE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA

Se debe retirar el rango constitucional de las Fuerzas Armadas. Deben atribuírsele nuevas facultades, frente al impacto que producen los desastres naturales en la economía chilena para que sean abordados por las fuerzas, de orden y seguridad pública, mediante la recuperación de bienes públicos y privados que son base de la economía tanto a gran escala como a nivel local. La recuperación eficiente y rápida frente a los desastres permitiría reactivar con mayor velocidad la economía. Esta función debiese estar en las fuerzas armadas debido a la capacidad logística que poseen.

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