Contraloría, el nuevo (y clave) actor que surge en el proceso constituyente

“Como Gobierno, vamos a cumplir con el deber que tenemos: informar a la ciudadanía cuáles son las alternativas, considerando siempre que ambas alternativas en juego, tanto Apruebo como Rechazo, son válidas, son legítimas”.

Fue lo que dijo el Presidente Boric el sábado pasado, al lanzar la campaña “Hagamos historia”, de cara al plebiscito de salida.

Sin embargo, cuando al final se difundió el primer video de la iniciativa, estalló la polémica. Centrado en detallar la cantidad de personas que participaron en las anteriores constituciones y resaltando el contraste con la propuesta actual, el comercial generó el enojo de la derecha y parte de la centroizquierda, que consideraron que el Gobierno no estaba cumpliendo con su prescindencia.

Ante esto, todos los ojos se volcaron hacia la Contraloría. Más aún luego de que la UDI, RN y P. Republicano presentaran requerimientos ante el organismo para que investigue un posible “intervencionismo”.

Una situación que se suma a la polémica propuesta que una semana antes el contralor Jorge Bermúdez había hecho a la Convención, para facilitar la transición de una Constitución a la otra a través de decretos con fuerza de ley.

Así, hoy las miradas están puestas en el organismo fiscalizador.

Algunos esperan que emita un dictamen “explícito” y “ejemplar” contra la campaña del Gobierno. Otros, que se limite a confirmar las reglas que ya existen y mantenga distancia. Como sea, cualquiera que sea el camino, determinará el tono de la carrera por el plebiscito y la etapa final del proceso constituyente.

El problema es que si bien para muchos la Contraloría —que fue contactada para este reportaje, pero optó por no participar— “ha cumplido bien su rol”, para otros tantos, y desde hace un tiempo, no es digna de confianza.

Rol acotado

Fue un día de 2020 cuando, en una de las reuniones del comité de expertos que discutía las reglas de la futura Convención, los representantes de la izquierda propusieron que se limitara el rol de Contraloría en la nueva entidad constituyente. Se buscaba evitar que hubiese una batalla de denuncias entre convencionales que impidiera el avance del debate.

Tras una discusión, esto se aceptó. Así, en concreto, quedaba prohibido que la institución fiscalizadora interviniera mediante dictámenes en el proceso, como suele hacer. El único instrumento permitido sería a través de la Ley de Probidad, es decir, para revisar declaraciones de intereses o lobby.

“Contraloría se declaró incompetente desde el inicio. Eso fue un error. El control debe ser interno y externo”, dice el convencional Ruggero Cozzi (RN).

En contraste, el constitucionalista Tomás Jordán dice que “la relación ha sido la adecuada. La Contraloría estableció sus competencias muy temprano y por eso no habido problemas”.

En este marco, la relación entre ambos organismos se mantuvo sin dificultades. De hecho, quienes han sido testigos de las visitas del contralor al órgano constituyente cuentan que es de las pocas autoridades a las que se esperaba en un ambiente “positivo” y “no refundacional”. Para algunos, es un reconocimiento. Para otros, no obstante, es una muestra de la estrecha relación que Bermúdez tiene con el mundo frenteamplista que ahora sería puesta a prueba.

Los polémicos DFL

Hoy la ecuación es distinta. Es época de campaña y como tal, Contraloría está obligada a vigilar e intervenir, de ser requerida.

Así queda claro en los últimos dictámenes que ha publicado, donde se especifica que “autoridades y funcionarios deben desempeñarse con la más estricta imparcialidad, sin emplear los medios institucionales para favorecer o perjudicar alguna de las posiciones plebiscitadas” (Dictamen N° 20.8180/22)”.

Antes, a fines de abril, el mismo Bermúdez había dicho, en bilateral con el Presidente Boric, “prescindencia significa neutralidad”, frase que fue interpretada como una advertencia ante la seguidilla de declaraciones pro-Apruebo de varios integrantes del gabinete.

Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando, el 18 de mayo, el contralor expuso ante la Convención y propuso su fórmula para la transición de una Constitución a otra. “Respecto de la administración del Estado podría explorarse la dictación y la habilitación al Presidente de la República, es decir al Ejecutivo, para que dicte decretos con fuerza de ley adecuatorios, los DFLA, como una especie de normativa nueva que a lo mejor podría ayudar a este período”. La iniciativa, que propone saltarse al poder mandatado para esa labor, el Legislativo, para entregárselo al Ejecutivo, fue recogida parcialmente por el ministro Giorgio Jackson, lo que generó molestia en varios sectores políticos y expertos, varios de los cuales la calificaron de “antidemocrática”

Para expertos consultados, las razones que pudo tener Bermúdez son “incomprensibles”. “Fue una temeridad. No debió meterse en ese asunto pues no le correspondía. Ni por el tema, ni por el tono de la sugerencia”, dice un conocedor de la Contraloría que cree que una iniciativa que favorece tanto al Ejecutivo podría tener efectos en la imagen de neutralidad del jefe del organismo.

“La Contraloría no debería anticiparse a ningún resultado eleccionario pues puede parecer tendencioso”, dice el académico de la U. de los Andes Jaime Arancibia.

El abogado y profesor de la Universidad de Chile Luis Cordero, en cambio, considera que “no se le puede hacer ningún reproche al contralor por esto”. Según explica, Bermúdez recibió una invitación de la Convención, al igual que todos los poderes públicos, para aportar ideas en la comisión de Normas transitorias. En ese contexto habría realizado una propuesta “específica para leyes administrativas, que luego el ministro Jackson interpretó en términos amplios”.

Otros creen que esto es un “gesto” al Gobierno para ayudarlo a aprobar la nueva Carta Fundamental, lo que confirmaría la “estrecha relación” que creen que existe entre el Frente Amplio, la Convención y el contralor. Esto debido a los nexos que Bermúdez tiene con el diputado Vlado Mirosevic —su hermano Camilo es el jefe de la División Jurídica de Contraloría— y con distintos líderes de la izquierda de la Quinta Región, como el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. Asimismo, otros recuerdan que el hermano de Bermúdez, Rodrigo, trabaja en la secretaría técnica de la Convención.

Son sospechas que, para algunos, podrían tener una justificación en lo fortalecida que se verá la Contraloría si se aprueba la nueva Constitución.

“Es el organismo que fue menos depredado”, dice la convencional Constanza Hube. Mientras un destacado constitucionalista agrega que la nueva Constitución tendrá un artículo completo que le da más competencias a la hora de perseguir la probidad de los funcionarios públicos. Un poder que preocupa a algunos expertos pues, según explican, desde que asumió el contralor se ha caracterizado por ser demasiado “inflexible”, afectando con sus decisiones tanto al sector público como a los inversionistas privados.

“Se elevan a rango constitucional una cantidad de atribuciones muy relevantes y expande sus capacidades para evaluar el resultado de la inversión de los fondos públicos. Yo creo que el borrador de Constitución potencia a la Contraloría, sobre todo bajo la figura del Estado Regional”, dice Cordero.

Ahora bien, dudas más, dudas menos, hoy, en el marco de la campaña “Hagamos historia”, la Contraloría fue solicitada. Y su respuesta se está esperando con ojo crítico

La ofensiva de la derecha

Esta semana, las bancadas de Chile Vamos y el Partido Republicano ingresaron un oficio, por separado, al organismo fiscalizador, argumentando que la campaña “Hagamos historia” difundida por La Moneda favorece al Apruebo.

Según señalan desde la oposición, el Gobierno se saltó los dictámenes que había emitido el organismo fiscalizador sobre intervenir en la votación del 4 de septiembre. El diputado y jefe de bancada de RN, Andrés Longton, asegura que la campaña “es sesgada y cuenta la historia a su manera, sin resguardar la imparcialidad”.

El otro punto que preocupa a la derecha es el uso de recursos públicos para promocionar esta campaña. De acuerdo a lo que comentan, que funcionarios de la Secom hayan realizado el video implica el gasto de fondos para una tarea a la que no están destinados. Es por ello que exigieron a Contraloría que se pronunciara al respecto.

La clave será, según coinciden los expertos consultados, la “rapidez” con la que se dé a conocer un dictamen, para evitar suspicacias. Algo que no siempre se da.

“Con el gobierno anterior, la Contraloría fue mucho más activa y proactiva. Lamentamos constatar que ahora están manteniendo una actitud más pasiva y prudente. Un cambio de gobierno no es motivo para actuar de manera distinta”, comenta el diputado del Partido Republicano Cristián Araya.

En la misma línea opina el abogado y profesor Pedro Anguita, quien recuerda como en noviembre de 2021 el contralor Bermúdez “llamó la atención” al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, por criticar a los entonces candidatos Gabriel Boric y Yasna Provoste. “Esas palabras pueden perjudicar las candidaturas”, dijo.

“Está bien que vele por la legalidad, pero eso era una opinión. Y la libertad de expresión está antes. Por eso, si es coherente, el contralor debe meterle cabeza a esto, que es mucho más serio”, expresa Anguita.

Pero en la oposición no son los únicos que miran de cerca esto. También lo hacen en la centroizquierda. “La Contraloría debe jugar un rol clave en esta etapa donde la autoridad de gobierno es incumbente. Lo que se permita ahora marcará el destino del intervencionismo y marcará un juicio respecto de la independencia del organismo”, dice el convencional Felipe Harboe. Asimismo, desde la mayoría de los congresistas de la DC enviaron una carta al Presidente en la que le manifestaron su molestia “por tomar posición en el proceso eleccionario”.

En La Moneda, en tanto, se defienden. “Como gobierno nos hemos apegado en todo momento a lo expresado por la Contraloría. En esa línea, estamos entregando información histórica, de educación cívica, planteando explícitamente que existen dos opciones, el Apruebo y el Rechazo, y que cualquiera sea el resultado del plebiscito, este será un momento histórico”, dice Valeska Naranjo, subsecretaria de Segegob.

Además, desde el Ministerio, que está a cargo de la campaña, explican los pasos que siguen en la iniciativa. “Desde la Segegob estaremos difundiendo información en nuestras redes, pero también en terreno, esperamos llegar a distintas regiones y lugares que no siempre acceden al contenido. Hay un proceso de licitación en curso para que las agencias presenten ideas sobre cómo informar de mejor forma el texto final de la propuesta de nueva Constitución que será presentada a la ciudadanía para que se pronuncie en septiembre próximo”.

¿Cómo resolverá esto la Contraloría? La pregunta está aún abierta. Lo que sí está claro es que, hoy por hoy, ad portas del plebiscito, todos la están mirando.

Fuente: El Mercurio

Logan Constituyente

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