Conversatorio: jueza y abogados advierten problemas que generará restringir inaplicabilidades

Este viernes, el pleno vota las normas sobre justicia constitucional y hay una propuesta cuya posible aprobación sigue despertando controversia entre jueces, abogados y académicos: se plantea restringir la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, dado que estos requerimientos se ejercerían a través de un juez y no por los ciudadanos directamente.

En un conversatorio sobre acceso a la justicia constitucional organizado por el TC, se debatió esta semana sobre esta acción y su importancia. La jueza Andrea Díaz-Muñoz, que recurrió durante la pandemia al TC, para que el artículo 318 (que sanciona a quienes ponen en riesgo la salud pública) fuera declarado inaplicable por inconstitucional en una causa concreta, planteó que hay un aumento de causas particulares y que ello significaría que “la ciudadanía cree en el TC”, que hay “una legitimidad del rol de dicho tribunal ante la comunidad”.

Agregó que “no se puede eliminar esta atribución del TC, pues si se hace se atenta contra el derecho al recurso y la protección de las garantías de las personas (…), se están vulnerando principios básicos en un Estado de Derecho y democrático”. Además, cree “que se estaría vulnerando normativa internacional sobre la materia”.

Para José Miguel Aldunate, director del Observatorio Judicial, restringir el requerimiento “produce un debilitamiento del principio de supremacía constitucional, volviendo a la situación anterior a la reforma de 2005 (…), la acción de tutela se constituiría como la única vía de control de constitucionalidad”; mientras que para Emilio Pfeffer, ex abogado integrante de la Corte Suprema y director del Diario Constitucional, “la ciudadanía requiere acceso a la justicia, por lo que necesita un mecanismo eficaz de protección de sus derechos fundamentales. La norma aprobada por la Convención Constitucional en este sentido tiene un déficit, debido a que los jueces de inferior instancia no tienen la experiencia suficiente, también debemos considerar el tiempo de tramitación de las causas en tribunales inferiores, que resulta ser significativamente superior” a los de las cortes de Apelaciones.

Por último, el ministro del TC José Ignacio Vásquez insistió “en que el sistema de justicia constitucional no tan solo debe comprender la acción de inaplicabilidad interpuesta por el juez o jueza de la causa, sino que también la incorporación de las partes del proceso resulta fundamental”.

Fuente: El Mercurio

Logan Constituyente

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