Escrito por:

Rodrigo Logan Soto.

Convencionalista, distrito 9

Santiago 2021

Colombia

Luego de una agitada historia constitucional en el siglo XX, Colombia había sufrido varias reformas adaptándose a los tiempos y las circunstancias del país.

En 1986 una fallida reforma política que pretendía extender la participación ciudadana y evitar la corrupción administrativa, dio lugar a un movimiento estudiantil y político que propuso la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para las elecciones de 1990, movimiento que surgió en el marco de la violencia que agitó a Colombia durante esa década y asociaba los problemas del país con la falta de participación e inclusión política. Las desmovilizaciones de los grupos guerrilleros M-19 (1990), EPL y Quintín Lame (1991), contribuyeron a crear un ambiente social en el que la transformación del país por la vía política y jurídica se veía como el camino más promisorio. 

El movimiento promocionó la Séptima papeleta para las elecciones legislativas de 1991, la cual consistía en introducir una papeleta adicional durante los comicios para que los colombianos votaran si estaban de acuerdo en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que promulgara una nueva Constitución Política. Por lo anterior, el movimiento es comúnmente conocido como La Séptima Papeleta.

El Consejo Electoral no aceptó la inclusión oficial del voto adicional durante la elección de Senado, Cámara de Representantes, Asambleas Departamentales, Consejo Municipal y Alcaldes, (los Gobernadores no se elegían por votación popular hasta la Constitución de 1991); pero la papeleta se contó extraoficialmente y la Corte Suprema de Justicia reconoció la mayoritaria voluntad popular validando el voto. En diciembre de 1990 se convocaron a comicios para elegir los representantes a la Asamblea Nacional Constituyente, la cual promulgó la nueva constitución el 4 de julio de 1991.

Según una nota periodística publicada por Fabio Fandiño y Roberto Vargas, cuando se promulgó la nueva Constitución sus artículos aún no habían sido terminados y el Secretario General de la Constituyente, Jacobo Pérez, reunido con todo su equipo, aún se encontraba comprobando la veracidad de cada artículo para irlo incorporando al texto de la Constitución. Este trabajo concluiría en los primeros minutos del 7 de julio de 1991.

La Constitución de Colombia posee un preámbulo, 13 Títulos, 380 artículos constitucionales y 67 artículos transitorios.

El Preámbulo sirve como un texto introductorio que menciona los objetivos, valores y principios que un país bajo esa Constitución se compromete a defender y seguir; así mismo, establece el Estado de Derecho e indica los objetivos fundamentales de esta.

El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente

El Título Uno describe los principios fundamentales de la Constitución. El Artículo 1 dice «Colombia es un Estado Social de Derecho» indicando que el objetivo de la atención del Estado es el bienestar del pueblo.

ARTIICULO 1. Colombia es un estado social de derechos, organizado en forma de República unitaria, con autonomía de sus entidades territoriales Artículo 2.son fines excepcionales de estado

El Título Dos describe los derechos, las garantías y los deberes. El Capítulo 1 habla de los derechos fundamentales. El Capítulo 2 describe los derechos sociales, económicos y culturales. El Capítulo 3 describe los derechos colectivos. El Capítulo 4 habla de la forma de proteger y aplicar los derechos dictados en la Carta. El Capítulo 5 de los deberes y obligaciones del ciudadano colombiano.

El Título Dos, Capítulo 1 describe los derechos constitucionales de los ciudadanos, también llamados derechos naturales o de primera generación.

Artículo 11

El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte

Artículo 11

La vida es el presupuesto necesario de los demás derechos, un bien inalienable. La constitución protege la vida, además de que en el Artículo 1 consagra la solidaridad como uno de los postulados básicos del Estado. La Constitución respeta la autonomía moral del individuo y las libertades y derechos.

Artículo 13

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

El Artículo 13 establece la igualdad ante la ley de los ciudadanos, reconociendo el carácter universal de los derechos constitucionales.

El principio de la igualdad se traduce en el derecho a que no se instauren excepciones o privilegios que exceptúen a unos individuos de lo que se conceden a otros en idénticas circunstancias.

Artículo 18

Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia.

La libertad de conciencia se constituye en una vía para hacer cumplir la objeción de conciencia.

Artículo 37

Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.

Artículo 38

Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad.

En el Artículo 37se constituye el derecho de reunión distinto al derecho de asociación debido a su temporalidad y espacialidad.

El derecho a la libre asociación y a la negociación colectiva son en el Estado social de derecho una garantía para la realización efectiva de los valores fundantes del Estado, como la convivencia, el trabajo, la justicia social la paz y la libertad.

Capítulo 2: Derechos económicos, sociales y culturales

El Capítulo 2 contiene los derechos asistenciales o de segunda generación. Se aplica el principio de la solidaridad entre sociedad.

Artículo 42

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

El Artículo 42 da a la familia un contexto más realista que contractual.

Artículo 43

La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Artículo 43 da a enterar que el Estado apoyara de manera especial a la mujer cabeza de familia.

Nueva Zelanda

La constitución de Nueva Zelanda es la suma de leyes y principios que determinan la gobernanza política de Nueva Zelanda. A diferencia de muchas otras naciones, Nueva Zelanda no tiene un documento constitucional único. Es una Constitución material, a veces referido como una «constitución no escrita», aunque la constitución Nueva Zelanda es en realidad una amalgama de escritos fuentes y no escritas. La Ley de la Constitución de 1986 tiene un papel central, junto con una colección de otros estatutos, órdenes en el Consejo, cartas de patentes, decisiones de los tribunales, principios del Tratado de Waitangi y tradiciones y convenciones no escritas.

No existe diferencia técnica entre los estatutos ordinarios y la ley considerada » derecho constitucional «. En la mayoría de los casos, el Parlamento de Nueva Zelanda puede realizar una «reforma constitucional» simplemente aprobando leyes del Parlamento y, por lo tanto, tiene el poder de cambiar o abolir elementos de la constitución. Sin embargo, existen algunas excepciones: la Ley Electoral de 1993 exige que determinadas disposiciones solo puedan enmendarse después de un referéndum.

Después de décadas de autogobierno, Nueva Zelanda obtuvo la independencia legal total de Gran Bretaña en 1947. Es una monarquía constitucional con una democracia parlamentaria. El monarca de Nueva Zelanda es el jefe de estado, representado en el Reino de Nueva Zelanda por el gobernador general, y es la fuente del poder ejecutivo, judicial y legislativo, aunque el poder efectivo está en manos de ministros extraídos de los elegidos democráticamente. Cámara de Representantes de Nueva Zelanda. Este sistema se basa en el » modelo de Westminster «, aunque ese término es cada vez más inadecuado dados los desarrollos constitucionales particulares de Nueva Zelanda. Por ejemplo, Nueva Zelanda introdujo un sistema unicameral dentro de una década de su independencia legal. Constitución de Nueva Zelanda – https://es.qaz.wiki/wiki/Constitution_of_New_Zealand

Los principios tienen su origen en el famoso caso presentado ante el Tribunal Superior por el New Zealand Māori Council (New Zealand Maori Council v Attorney-General) en 1987. En ese momento existía una gran preocupación por la reestructuración en curso de la economía de Nueva Zelandia por Cuarto Gobierno Laborista, específicamente la transferencia de activos de antiguos departamentos gubernamentales a empresas estatales. Dado que las empresas estatales eran esencialmente empresas privadas propiedad del gobierno, se argumentó que impedirían que los activos que los maoríes habían entregado para que los usara el estado fueran devueltos a los maoríes por el Tribunal de Waitangi y mediante acuerdos de tratados. El Consejo maorí solicitó la aplicación del artículo 9 de la Ley de empresas de propiedad estatal de 1986, que dice: «Ninguna disposición de esta ley permitirá a la Corona actuar de manera incompatible con los principios del Tratado de Waitangi». El Tribunal de Apelación, en una sentencia de su entonces presidente Sir Robin Cooke, decidió sobre los siguientes principios del Tratado: La adquisición de soberanía a cambio de la protección de rangatiratanga. El Tratado estableció una asociación e impone a los socios el deber de actuar de manera razonable y de buena fe. La libertad de la Corona para gobernar. El deber de protección activa de la Corona. El deber de la Corona de remediar las infracciones pasadas. Los maoríes deben retener rangatiratanga sobre sus recursos y taonga y tener todos los privilegios de la ciudadanía. Deber de consultar. Principios del Tratado de Waitangi – https://es.qaz.wiki/wiki/Principles_of_the_Treaty_of_Waitangi

Portugal

La Constitución de 1976 está muy marcada por las ideas socialistas que fueron el germen de la revolución: el Estado tenía como objetivo socializar los medios de producción y la riqueza (artículo 9). Estas referencias ideológicas fueron eliminadas en las posteriores modificaciones.

La Constitución instaura un régimen semipresidencial parecido al de la Quinta República Francesa

El presidente tiene una serie de poderes importantes como la nominación del primer ministro y del gobierno a petición de este último, la disolución de la Asamblea de la República y la convocatoria de referéndums o el mando de las fuerzas armadas. No obstante, según el artículo 182, «El gobierno es el órgano que dirige la política general del país y el órgano superior de la administración pública».

Característico de un régimen parlamentario dualista, el artículo 190 señala que «el gobierno es responsable ante el presidente de la República y ante la Asamblea de la República».

En sus inicios, la constitución daba un lugar importante a las fuerzas armadas, que eran el germen de la revolución de 1974. Su papel se institucionalizó con el Consejo de la Revolución que aconsejaba al presidente de la República y garantizaba el buen funcionamiento de las instituciones y el respeto al espíritu de la revolución. No obstante, este consejo fue remplazado por el Consejo de Estado durante la primera revisión constitucional el 30 de septiembre de 1982.

Las disposiciones constitucionales relativas a las fuerzas armadas se encuentran en el título X de la parte 3 de la Constitución.

La Constitución portuguesa habla de las relaciones internacionales en su artículo siete, donde reconoce determinados derechos de los pueblos, principalmente en los puntos segundo y tercero:

Portugal preconiza la abolición del imperialismo, del colonialismo y de cualesquiera otras formas de agresión, dominación y explotación en las relaciones entre los pueblos, así como el desarme general, simultáneo y controlado, la disolución de los bloques político-militares y el establecimiento de un sistema de seguridad colectiva, con vistas a la creación de un orden internacional capaz de asegurar la paz y la justicia en las relaciones entre los pueblos.

Portugal reconoce el derecho de los pueblos a la autodeterminación e independencia y al desarrollo, así como el derecho a la insurrección contra todas las formas de opresión.

La constitución empieza con un «preámbulo» y la enunciación de los «principios fundamentales» y está compuesta por cuatro partes, divididas en títulos, que a su vez se dividen en capítulos. El texto acaba con unas «Disposiciones finales y transitorias».

El 25 de abril de 1974, el Movimiento de las Fuerzas Armadas, coronando la larga resistencia del pueblo portugués e interpretando sus sentimientos profundos, derribó el régimen fascista.

La liberación de Portugal de la dictadura, la opresión y el colonialismo representó una transformación revolucionaria y el comienzo de un cambio histórico en la sociedad portuguesa.

La Revolución restauró a los portugueses los derechos y las libertades fundamentales. En el ejercicio de estos derechos y libertades, los legítimos representantes del pueblo se reúnen para elaborar una Constitución que corresponde a las aspiraciones del país.

La Asamblea Constituyente afirma la decisión del pueblo portugués de defender la independencia nacional, de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, de establecer los principios basilares de la democracia, de asegurar el estado de derecho democrático y abrir camino para una sociedad socialista, en el respeto de la voluntad del pueblo portugués, teniendo en vista la construcción de un país más libre, más justo y más fraterno.

La Asamblea Constituyente, reunida en sesión plenaria el 2 de abril de 1976, aprueba y decreta la siguiente Constitución de la República Portuguesa:

Venezuela

Presentación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, versión del 24 de marzo de 2000.

Se compone de un Preámbulo de 350 artículos, divididos en 9 Títulos,33 Capítulos, las Disposiciones Derogatorias, Transitorias y Finales.

El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana; con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad; en ejercicio de su poder originario representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y en referendo democrático, decreta la siguiente constitución:

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1999

El primer título (artículos 1º a 9º), establece el cambio de nombre del país de «República de Venezuela» a «República Bolivariana de Venezuela» además una serie de principios elementales de un Estado de derecho. Este título resume la filosofía política de la Constitución, en cuanto toca a la relación del hombre con el poder. Así, establece, por ejemplo, que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y reconoce la importancia de la justicia social y del respeto a los derechos fundamentales. Contiene diversos principios inspiradores de la organización política del Estado: soberanía nacional, democracia participativa, forma federal, descentralizada, etc. El valor jurídico de la Constitución es regulado por ella misma: se trata de una norma, por consiguiente, su observancia es obligatoria para toda persona, institución o grupo, y evidentemente también para todos los órganos del Estado. El principio de respeto al Estado de derecho se completa mediante los principios de legalidad, los símbolos de la patria y los idiomas oficiales.

El título III (art. 19 a 135), posee una densidad normativa importante. Se refiere a Los derechos y deberes constitucionales. El artículo 19, extensa enunciación de los derechos fundamentales reconocidos en Venezuela conserva tradiciones ancestrales de la cultura jurídica venezolana. Entre los derechos fundamentales reconocidos se cuentan el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la igualdad en la protección de la ley, a la honra, a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión, de asociación, el derecho a la propiedad, lo que se refiere a la ciudadanía. Reconoce la nacionalidad venezolana en las distintas formas que esta se obtiene, ya sea ius sanguinis, ius solis, por carta de nacionalización, la aparición de los referendos revocatorios para todos los cargos de elección popular a mitad de su periodo constitucional, la prohibición taxativa del reclutamiento forzoso (para la prestación del servicio militar) y un sinfín de derechos más. Ciertamente, los derechos humanos de carácter social son los menos desarrollados en este texto, aunque contiene algunos esbozos al respecto. Esta enumeración se cierra por la garantía de que el legislador no podrá dictar leyes que afecten el núcleo fundamental o la esencia de estos derechos.

Reino Unido

El Derecho constitucional británico se basa en una serie de principios consuetudinarios no recogidos en ningún cuerpo legal. Es verdad que en Inglaterra —y en el Reino Unido— no existe un solo cuerpo legal donde se reúna y codifique el Derecho constitucional británico (es decir, las reglas y normas que regulan la organización política del Estado, los derechos de sus ciudadanos y las relaciones con el poder). Esta colección parte con la Carta Magna 3n 1297, Bill of Rights de 1688, la Crown and Parliament Recognition Act 1689 y dieciocho documentos más.

La constitución británica tiene dos pilares: Estos pilares son, en primer lugar, el principio de la soberanía parlamentaria; y, en segundo lugar, el imperio de la ley. El primero significa que el Parlamento es el máximo órgano legislativo: sus leyes son la principal fuente del Derecho inglés (el concepto de la soberanía parlamentaria se disputa en el Derecho escocés. Este último es la idea de que todas las leyes y acciones gubernamentales se ajusten a ciertos principios fundamentales e inmutables. Estos principios fundamentales incluyen la aplicación igualitaria de la ley: todo el mundo es igual ante la ley y ninguna persona está por encima de la ley, incluyendo aquellos en el poder. Otro es que ninguna persona es punible en el cuerpo o bienes sin una violación de la ley, las personas son libres de hacer cualquier cosa, salvo que la ley diga lo contrario; por lo que no hay castigo sin una clara violación de la ley.

De acuerdo con la doctrina de la soberanía parlamentaria, el Parlamento podría aprobar cualquier ley que desee. Por el contrario, en países con una constitución codificada, el órgano legislativo tiene normalmente prohibida la aprobación de leyes que contradigan esta constitución: las reformas constitucionales requieren un procedimiento especial que es más arduo que el de las leyes ordinarias

Hay muchas leyes del Parlamento que a su vez tienen importancia constitucional. Por ejemplo, el Parlamento tiene el poder de determinar la duración de su propia legislatura. Por las Parliament Acts de 1911 y 1949, la duración predeterminada de un mandato de la Asamblea es de cinco años, pero este puede ser prorrogado con el consentimiento de ambas Cámaras. Este poder fue utilizado por última vez durante la Segunda Guerra Mundial para extender la vida útil del parlamento de 1935 en incrementos anuales hasta 1945. Sin embargo, el soberano conserva la facultad de disolver el Parlamento en cualquier momento con el asesoramiento del Primer Ministro. Asimismo, el Parlamento tiene el poder de cambiar la composición de sus cámaras constituyentes y la relación entre ellas. Algunos ejemplos son la House of Lords Actde 1999 que cambió la composición de la Cámara de los Lores, las Parliament Acts de 1911 y 1949, que alteró la relación entre la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, y la Reform Act de 1832 que hizo cambios importantes en el sistema utilizado para elegir a los miembros de la Cámara de los Comunes.

El poder otorgado al Parlamento incluye la facultad de determinar la línea de sucesión al trono británico. Este poder fue usado más recientemente para aprobar el Acta de la Declaración de Abdicación de Su Majestad de 1936, que daba efecto constitucional a la abdicación de Eduardo VIII y eliminó a cualquiera de sus descendientes putativos de la sucesión. Asimismo, el Parlamento tiene el poder de eliminar o regular los poderes ejecutivos del Soberano.8

El Parlamento se compone del Soberano, la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. La Cámara de los Comunes consta de 650 miembros elegidos por el pueblo mediante distritos uninominales en virtud de un sistema de elección por mayoría simple. Tras la aprobación de la House of Lords Actde 1999, la Cámara de los Lores se compone de 26 obispos de la Iglesia de Inglaterra (Lores Espirituales), 92 representantes elegidos de los pares hereditarios, y varios cientos de pares vitalicios. La facultad de nombrar a los obispos de la Iglesia de Inglaterra, y de crear pares hereditarios y vitalicios, es ejercida por el Soberano con el asesoramiento del Primer Ministro. Por las Parliament Acts de 1911 y 1949 la legislación puede, en determinadas circunstancias, aprobarse sin el consentimiento de la Cámara de los Lores. A pesar de que toda la legislación debe recibir la aprobación del soberano (sanción real), ningún Soberano ha negado tal sanción desde 1708.

La Cámara de los Comunes es la única que posee el poder de aprobar una moción de censura contra el Gobierno, la cual exige que el Gobierno o bien renuncie o bien solicite nuevas elecciones (ver más abajo). Dicha moción no requiere aprobación de los Lores, ni sanción real.

El Parlamento también ha tenido tradicionalmente la facultad de destituir a los miembros del gobierno por impeachment (con los Comunes iniciando el impeachment y los Lords juzgando el caso), aunque este poder no se ha utilizado desde 1806. Por la Constitutional Reform Actde 2005, tiene la facultad de destituir a los jueces de su cargo por mala conducta.

El Reino Unido se compone de cuatro países constituyentes diferentes: Inglaterra, Gales Escocia e Irlanda del Norte. Sin embargo, es un Estado unitario, no una federación (como los Estados Unidos, Alemania, Brasil o Rusia) o una confederación (como la antigua Serbia y Montenegro). Aunque Escocia, Gales e Irlanda del Norte, a partir de 2001, poseen sus propias legislaturas y ejecutivos, Inglaterra no (ver West Lothian question). La autoridad de todos estos órganos depende de las leyes del Parlamento y que pueden, en principio, se suprimidos por deseo del Parlamento del Reino Unido. Un ejemplo histórico de una legislatura que fue creada por ley del Parlamento y suprimida más adelante es el Parlamento de Irlanda del Norte, la cual fue creada por la Ley de Gobierno de Irlanda de 1920 y abolida, en respuesta a la violencia política a gran escala en Irlanda del Norte, por la Ley de Constitución de Irlanda del Norte de 1973 (desde entonces a Irlanda del Norte se le ha dado otra asamblea legislativa bajo la Ley de Irlanda del Norte de 1998). Asimismo, el Consejo del Gran Londres fue abolido en 1986 por la Ley de Gobierno Local de 1985 y una institución similar, la Autoridad del Gran Londres fue creada en 2000 por la Ley de Autoridad del Gran Londres de 1999.

El Parlamento no tiene ninguna cámara comparable al Senado de Estados Unidos (que tiene una representación equitativa de cada Estado de los EE.UU.) o el Bundesrat alemán (cuya composición es determinada por los gobiernos de los Estados de Alemania). Inglaterra tiene más del 80% de la población del Reino Unido, produce más del 80% de su producto interno bruto y contiene la capital, Londres.

En Inglaterra la iglesia oficial es la Iglesia de Inglaterra. En Escocia, no hay una iglesia estatal, aun habiendo sido reconocida oficialmente la tiene ese estatus dentro de la Ley de la Iglesia de Escocia de 1921; Gales e Irlanda del Norte no tienen una iglesia establecida. Inglaterra y Gales comparten el mismo sistema legal, mientras que Escocia e Irlanda del Norte tienen su propio sistema jurídico distintivo. Estas distinciones fueron creadas como resultado de que el Reino Unido se creó por la unión de países independientes de acuerdo con los términos del Tratado de Unión de 1706, ratificado por las Leyes de Unión de 1707.

El Reino Unido es una monarquía constitucional: la sucesión al trono británico es hereditaria.

En virtud de la Constitución británica, el soberano goza de amplios poderes ejecutivos, conocidos como la prerrogativa real. En el ejercicio de estas facultades, sin embargo, el soberano normalmente delega en el Primer Ministro o de otros ministros. Este principio, que se remonta a la Restauración inglesa, fue formulado por el escritor victoriano Walter Bagehot como «la Reina reina, pero no gobierna».

El alcance exacto de la prerrogativa real nunca ha sido formalmente delineado, pero en 2004, el Gobierno de Su Majestad publicó algunos de los poderes, a fin de ser más transparente.

Las prerrogativas más importantes todavía personalmente ejercidas por el soberano son la elección de a quién nombrar Primer Ministro, y si se debe conceder la disolución del Parlamento a petición del Primer Ministro. La ocasión más reciente en la cual el monarca ha tenido que ejercer estos poderes fue en febrero de 1974, cuando el Primer Ministro Edward Heath, renunció después de no lograr la mayoría absoluta en el Parlamento. La reina Isabel II nombró a Harold Wilson, líder del Partido Laborista, como primer ministro, ejerciendo su prerrogativa tras una amplia consulta con el Consejo Privado. El Partido Laborista tuvo el mayor número de escaños en la Cámara de los Comunes, pero no una mayoría absoluta. Las elecciones generales de 2010 también dieron lugar a un parlamento sin mayoría. Después de varios días de negociaciones, entre los partidos, la reina Isabel II invitó a David Cameron para formar un gobierno por consejo del primer ministro saliente, Gordon Brown

El último soberano en destituir a un Primer Ministro que no había sufrido una derrota en una moción de confianza en la Cámara de los Comunes, o en nombrar a un Primer Ministro que claramente no disfrutaba de una mayoría en esa Cámara, fue Guillermo IV en 1834 quien destituyó al Gobierno de Lord Melbourne, reemplazándolo por el Duque de Wellington.

La reina Victoria fue la última soberana en vetar un nombramiento ministerial. En 1892, ella rechazó el consejo de William Ewart Gladstone de incluir a Henry Labouchère (un radical que había insultado a la familia real) en el Consejo de Ministros.17

El Primer Ministro es nombrado por el soberano. Cuando un partido tiene una mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, el soberano nombra al líder de ese partido como primer ministro. Cuando hay un parlamento sin mayoría, o la identidad del líder del partido mayoritario no está clara (como ocurría a menudo con el Partido Conservador hasta la década de 1960, y con todos los partidos en el siglo XIX), el soberano tiene más flexibilidad en su elección. El soberano nombra y destituye a los demás ministros con el asesoramiento del Primer Ministro (y estos nombramientos y ceses se producen con bastante frecuencia, como parte de los reajustes del gabinete). El Primer Ministro, junto con otros ministros, forman el Gobierno. El Gobierno a menudo incluye a ministros cuyos cargos son sinecuras (como el Canciller del Ducado de Lancaster) o ministros que no tienen responsabilidades específicas (ministro sin cartera): estas posiciones puedan ser utilizadas por el Primer Ministro como una forma de mecenazgo o de recompensa para funcionarios como el presidente del partido gobernante con un salario del gobierno.

El Primer Ministro y los demás ministros asumen el cargo inmediatamente después de su nombramiento por el Soberano. En el Reino Unido, a diferencia de muchos otros países, no hay necesidad de un voto formal de aprobación por el poder legislativo ni del Gobierno en su conjunto ni de sus miembros individuales antes de que puedan asumir el cargo.

El Primer Ministro y los demás ministros normalmente sirven al mismo tiempo como miembros de la Cámara de los Comunes o de la Cámara de los Lores, y están obligados por responsabilidad colectiva a emitir sus votos parlamentarios para la posición del Gobierno, a pesar de sus sentimientos personales o los intereses de sus electores.

Argentina

La Constitución de la Nación Argentina, que rige actualmente a la República Argentina fue aprobada por una asamblea constituyente integrada por representantes de trece provincias, hecha en la ciudad de Santa Fe en el año 1853. Los diferentes textos de esta Constitución han sido reformados varias veces, siendo la última llevada a cabo en 1994, y han sido dejados sin efecto o modificados por autoridades de facto en nueve oportunidades.

El propósito de la Constitución de 1853 fue poner fin al ciclo de las guerras civiles y sentar las bases de la Organización Nacional, objetivos que tardaron unas décadas más en cumplirse. Antes de esta aprobación hubo varios intentos (en 1819 y 1826) que fueron rechazados por diversos motivos.

El texto constitucional consta de un preámbulo y dos partes normativas:

•          Primera parte: capítulo primero (Declaraciones, Derechos y Garantías; arts. 1-35) y capítulo segundo (Nuevos Derechos y Garantías; arts. 36-43)

•          Segunda parte: Autoridades de la Nación (arts. 44-129).

Actualmente, el preámbulo de la Constitución Argentina es el siguiente:

Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina.

El 31 de mayo de 1852, las provincias integrantes de la Confederación Argentina firmaron el Acuerdo de San Nicolás, por el que convocaron a un Congreso Constituyente. Sin embargo, el 11 de septiembre la Provincia de Buenos Aires se separó de la Confederación, ya que Buenos Aires no aceptó transferir el poder que se le reservaba, sobre todo en lo concerniente a la igualdad de representación en el congreso (dos diputados por provincia y a la nacionalización de la aduana anunciada en el artículo 19 del Pacto de San Nicolás), debido a lo cual no formó parte del congreso. La Constitución fue aprobada el 1 de mayo de 1853 en la Ciudad de Santa Fe, capital de la Provincia de Santa Fe, durante el gobierno de Justo José de Urquiza quién derrotó a Rosas en la batalla de Caseros rigiendo solo para las trece provincias restantes. En 1859 y luego de la batalla de Pavón, Buenos Aires y la Confederación se reunificarían y a tal efecto se realizó la Reforma de 1860.

Reforma de 1994

La reforma de la Constitución de la Nación Argentina de 1994 es una importante modificación realizada al texto constitucional. Definió el texto constitucional, sobre cuya legitimidad plena no existía consenso y le otorgó rango constitucional a los principales tratados de derechos humanos

La reforma se concretó a partir de un pacto entre peronistas y radicales (Pacto de Olivos), que por entonces eran los dos partidos mayoritarios del país, en el que ambos partidos acordaron un «Núcleo de Coincidencias Básicas» para incluir en la Constitución, que debió ser votado «en bloque» por la Convención, sin poder realizar agregados ni quitas.

Entre otros cambios, introdujo los derechos de tercera y cuarta generación, normas para defensa de la democracia y la constitucionalidad, las características de los órganos de gobierno, y nuevos órganos de control. La Convención Constituyente se celebró en las ciudades de Santa Fe (sede tradicional de las convenciones constituyentes) y de Paraná (primera capital de la Confederación).

Esta reforma constitucional abarca 44 artículos y tiene 17 disposiciones transitorias, estableciendo entre otras normas: el reconocimiento de los derechos de protección ambientales, del consumidor, a la información, la acción constitucional de amparo simple y colectivo, los delitos contra la constitución y la democracia, la preeminencia de los tratados internacionales, el voto directo y la reelección presidencial por una vez y acortamiento del mandato de 6 a 4 años, la reglamentación de los decretos por razones de necesidad y urgencia, el tercer senador por la minoría, el Consejo de la Magistratura, la posibilidad de traslado de la Capital de la República, la autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, etc. También estableció el sistema de balotaje, una segunda vuelta electoral en la elección presidencial en caso de que ningún candidato obtuviese más del 45 % de los votos válidos emitidos o sacando un mínimo de 40 % superase al segundo por más del 10 %. Entre las disposiciones transitorias se destaca la primera, que ratifica la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich

 del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

Estados Unidos

La Constitución de los Estados Unidos es la ley suprema de los Estados Unidos de América. Fue adoptada en su forma original el 17 de septiembre de 1787 por la Convención Constitucional de Filadelfia (Pensilvania) y luego ratificada por el pueblo en convenciones en cada estado en el nombre de «Nosotros el Pueblo» (We the People). En realidad, no se trataban de referendos populares, sino que eran las Asambleas Estatales las encargadas de ratificar la Constitución. Los primeros nueve estados que aprobaron la Constitución se tomaron 10 meses. El primer estado que la ratificó fue Delaware, el 7 de diciembre de 1787, con voto unánime, de 30-0. La Constitución tiene un lugar central en el derecho y la cultura política estadounidense. La Constitución de los Estados Unidos es la constitución federal más antigua que se encuentra en vigor actualmente en el mundo.

Una copia original del documento se puede encontrar en los Archivos Nacionales en Washington D. C.

El Plan de Virginia fue la agenda no oficial de la Convención, redactada en su mayoría por James Madison. Estaba dirigida a favorecer los intereses de los estados más grandes, y entre otras propuestas estaban:

•          Un poderoso Congreso bicameral con una Cámara de Representantes y un Senado

•          Un poder ejecutivo (presidente) elegido por la legislatura

•          Un poder judicial, con períodos de servicio de por vida, con poderes vagos

•          El Congreso federal podría vetar leyes estatales

Una propuesta alternativa, el Plan de Nueva Jersey, otorgaba a los estados iguales prerrogativas independientemente de su tamaño y fue defendida por los estados más pequeños.

Por lo tanto, en el Plan Virginia el único titular de la soberanía sería el gobierno central, por lo que los estados serían meras divisiones administrativas. Por el contrario, en el Plan Nueva Jersey los depositarios de la soberanía de la república habrían de ser los estados, en igualdad de condiciones entre todos ellos. La primera propuesta era intolerable para los que, como el autor de la Declaración de Independencia Thomas Jefferson (quien no estuvo presente en la Convención), creían que un gobierno central fuerte suponía a la vez una traición a los ideales ilustrados de la Revolución y una amenaza para el pueblo y los estados. Además, la mayoría de los estadounidenses de entonces identificaba a su estado como su entidad política preeminente. Pero el Plan Nueva Jersey, por su parte, resultaba inaceptable para los que buscaban superar realmente el modelo confederal existente y reemplazarlo por uno más centralizado y federal, como era el caso de figuras tan preeminentes de la época como Alexander Hamilton de Nueva York, o James Madison de Virginia.

Al contrario del proceso de modificación establecido en el Artículo XVI de los Artículos de la Confederación, el Congreso sometió la propuesta a los Estados y fijó los términos de representación.

El 17 de septiembre de 1787, la Constitución fue completada en Filadelfia. A continuación, Benjamin Franklin pronunció un discurso en el que hablaba de unanimidad, aunque solo se requería que nueve estados ratificaran la Constitución para que ésta entrara en vigor.

Luego de arduas luchas para la ratificación en varios estados, Nuevo Hampshire se convirtió en el noveno estado el 2 de junio de 1788. Una vez que el Congreso de la Confederación recibió noticias de la ratificación de Nuevo Hampshire, estableció fechas para que la Constitución entrara en vigor, y el gobierno federal creado por la Constitución comenzó a operar el 4 de marzo de 1789 bajo la presidencia de George Washington En adelante, todos los presidentes del nuevo país iniciaron sus mandatos el 4 de marzo, hasta que en 1933 la Vigésima Enmienda adelantó esa fecha al 20 de enero.

Influencias históricas

La influencia más importante de Europa Continental vino de Montesquieu, quien enfatizaba en tener fuerzas equilibradas que se opusieran mutuamente para prevenir la tiranía. Esto refleja la influencia del tratado de Polibio —siglo II a. C.— acerca de los frenos y contrapesos de la Constitución de la República romana. John Locke es conocido por tener una influencia mixta, y la cláusula del debido proceso de la Constitución de los Estados Unidos se basó parcialmente en el derecho anglosajón con referencias a la Carta Magna de 1215.

Es de destacar asimismo la influencia que la tradición de gobierno democrático e igualitario de la Confederación Iroquesa tuvo en Benjamin Franklin a la hora de redactar la Constitución.

La Carta de Derechos de los Estados Unidos fueron las diez enmiendas añadidas a la Constitución en 1791, tal como los proponentes de la Constitución habían prometido a los oponentes durante los debates de 1788. La Declaración de derechos inglesa de 1689 fue una inspiración para la Carta de Derechos de los Estados Unidos. Por ejemplo, ambas requerían juicios con jurado, contienen un derecho a portar armas, y prohíben las fianzas excesivas al igual que los «castigos crueles e inusuales». Muchas libertades protegidas por las constituciones estatales y la Declaración de Derechos de Virginia fueron incorporadas la Carta de Derechos de los Estados Unidos.

La Constitución tiene siete artículos originales

El Preámbulo establece:

Nosotros, el Pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer justicia, asegurar la tranquilidad interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la libertad, proclamamos e instituimos esta Constitución para los Estados Unidos de América.

El Artículo I establece el poder legislativo del Gobierno, el Congreso de los Estados Unidos incluyendo la Cámara de Representantes y el Senado. El Artículo establece la forma de elección y calificaciones de los miembros de la Cámara y del Senado. Además, estipula el debate libre en el Congreso y limita el comportamiento egoísta de miembros del Congreso, perfila el procedimiento legislativo e indica los poderes del poder legislativo.

El Artículo II describe la Presidencia (poder ejecutivo): procedimientos para la selección del presidente, los requisitos para acceder al cargo, el juramento que se debe prestar, y los poderes y deberes de la oficina. También establece la oficina del vicepresidente de los Estados Unidos, y especifica que el vicepresidente sucede en la presidencia en caso de incapacidad, muerte o dimisión del presidente, aunque no quedó claro si esta sucesión es temporal o permanente. En la práctica, esto se trató siempre como sucesión, y la 25.ª enmienda estipula explícitamente la sucesión. El Artículo II también regula el juicio político (Impeachment) y la remoción del cargo de los oficiales civiles (el presidente, el vicepresidente, los jueces, y otros).

El Artículo III describe el sistema judicial (poder judicial), incluyendo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El artículo requiere que haya una corte llamada el Tribunal Supremo. El Congreso, a su discreción, puede crear cortes inferiores, cuyos juicios y órdenes pueden ser revisados por el Tribunal Supremo. El Artículo III también requiere la participación de un jurado en todos los casos criminales, define el crimen de traición, y encarga al Congreso establecer un castigo para él.

El Artículo IV describe la relación entre los estados y el Gobierno federal y entre los propios estados. Por ejemplo, esto requiere que los estados den «total fe y crédito» a los actos públicos, registros y procesos de otros estados. Permite al Congreso regular la forma de probar tales actos, registros o actas, y los efectos de los mismos. La cláusula de «privilegios e inmunidades» prohíbe a gobiernos estatales discriminar a los ciudadanos de otros estados en favor de ciudadanos residentes (por ejemplo, imponiendo penas mayores a los residentes de Ohio condenados por crímenes cometidos en Míchigan).

El Artículo V describe el proceso necesario para reformar la constitución. Establece dos métodos de proponer enmiendas: por el Congreso o por una convención nacional solicitada por los estados. Con el primer método, el Congreso puede proponer una enmienda con los votos de dos tercios (de un quórum, no necesariamente de toda la cámara) del Senado y de la Cámara de Representantes. Con el segundo método, los cuerpos legislativos de las dos terceras partes de los estados pueden convocar y obligar al Congreso a convocar una convención nacional, y el Congreso debe convocar esa convención con el fin de considerar las enmiendas propuestas. Hasta 2015, solamente se ha utilizado el primer método —propuesta del Congreso—.

Una vez propuestas —bien por el Congreso o por las convenciones nacionales— las enmiendas deben ser ratificadas por las tres cuartas partes de los estados para que tengan efecto. El Artículo V otorga al Congreso la opción de requerir ratificación por los cuerpos legislativos de los estados o por convenciones especiales convocadas en los estados. El método de ratificación por convención solo se ha utilizado una vez (para aprobar la Vigesimoprimera Enmienda). El Artículo cinco actualmente solo impone una limitación al poder de enmienda: ninguna enmienda puede privar a un estado de su representación igual en el Senado sin el consentimiento de ese estado.

El nombre «enmienda» no es, en la terminología jurídica de los países del Continente europeo (Civil Law countries), significativo. En Europa, enmienda significa modificación de un proyecto de ley, que luego será admitida o rechazada por la mayoría de la cámara legisladora. Lo que los norteamericanos entienden por amendment es lo que en España se denomina «disposición adicional», que posteriormente puede ser integrada en el articulado de la ley, si se llega a aprobar un texto refundido. Cuando en Estados Unidos alguien dice que se acoge a una determinada enmienda constitucional, no se refiere a una propuesta alternativa, propia de un proyecto en discusión, sino a un texto adicional a la Constitución, que posee distinta numeración que los articles de la misma, pero no por ello pierde su vigencia. Ello tiene relación con el sistema jurídico de Common Law, heredado durante la colonización por el Reino Unido.

Los propios artículos de la Constitución no equivalen a los artículos de las constituciones de países como Francia, Italia, Alemania o España, sino que son enunciados normativos mucho más extensos, equivalentes en algunos casos a títulos enteros de la Constitución Española (por citar algún ejemplo).

El Artículo VI establece a la Constitución, las leyes adoptadas y tratados de los Estados Unidos concluidos de acuerdo con ella, como la ley suprema en todo el territorio nacional, y que «los jueces de todos los estados estarán vinculados por la misma, a pesar de cualquier cosa que establezcan al contrario las leyes o las constituciones de los estados». También valida la deuda nacional creada bajo los artículos de la confederación y requiere que todos los legisladores, funcionarios federales, y jueces juren o afirmen «apoyar» la Constitución. Esto significa que las constituciones y las leyes de los estados no deben estar en conflicto con las leyes de la Constitución federal; en caso de conflicto, los jueces del estado están limitados legalmente a acatar las leyes federales y la Constitución por encima de las de cualquiera estado.

El Artículo VI también indica que no se requerirá «nunca ninguna prueba o requisito religioso para acceder a cualquier oficina o dependencia pública dependiente de los Estados Unidos».

El Artículo VII fija los requisitos para la ratificación de la Constitución. La Constitución no entraría en vigor hasta que por lo menos nueve estados la ratificaran en convenciones estatales especialmente convocadas para tal objetivo.

A continuación, se enumeran las diferentes enmiendas que completan la Constitución y que la han hecho tan diferente del resto de las constituciones occidentales.

#          Enmiendas      Fecha de la propuesta           Fecha de la promulgación

Primera

Libertad de culto, de expresión, de prensa, petición y de reunión.

25 de septiembre de 1789     15 de diciembre de 1815

Segunda

Derecho a poseer armas.

25 de septiembre de 1789

15 de diciembre de 1791

Tercera

Alojamiento de soldados en casa privada en tiempos de paz.         25 de septiembre de 1789

15 de diciembre de 1791

Cuarta

Interdicción de registros e incautaciones irrazonables, es necesaria una orden de registro para buscar personas o bienes.

25 de septiembre de 1789

15 de diciembre de 1791

Quinta

Debido proceso; autoincriminación.

25 de septiembre de 1789

15 de diciembre de 1791

Sexta

Derechos del acusado.           25 de septiembre de 1789

15 de diciembre de 1791

Séptima

Derecho a un juicio ante jurado en los casos civiles.           25 de septiembre de 1789

15 de diciembre de 1791

Octava

Fianzas y multas excesivas; castigos crueles e inusuales

25 de septiembre de 1789

15 de diciembre de 1791

Novena

Derechos no numerados que tienen las personas.   25 de septiembre de 1789

15 de diciembre de 1791

Décima

Poderes reservados para los estados o para el pueblo.       25 de septiembre de 1789

15 de diciembre de 1791

Undécima

Inmunidad de los estados ante demandas judiciales extranjeras.   4 de marzo de 1794

8 de enero de 1798

Duodécima

Revisión del proceso de las elecciones presidenciales.

9 de diciembre de 1803

15 de junio de 1804

Decimotercera

Abolición de la esclavitud.

31 de enero de 1865

6 de diciembre de 1865

Decimocuarta

Ciudadanía, debido proceso estatal, igual protección.

13 de junio de 1866

9 de julio de 1868

Decimoquinta

Sufragio racial.

26 de febrero de 1869

3 de febrero de 1870

Decimosexta

Impuestos federales sobre los ingresos.       12 de julio de 1909

3 de febrero de 1913

Decimoséptima

Elecciones directas para el Senado de los Estados Unidos

13 de mayo de 1912

8 de abril de 1913

Decimoctava

Ley seca, que prohibía la producción y venta de alcohol. (Derogada por la 21ª enmienda)          18 de diciembre de 1917

16 de enero de 1919

Decimonovena

Sufragio femenino

4 de junio de 1919

18 de agosto de 1920

Vigésima

Inicio del período del congreso (3 de enero) y del presidente (20 de enero)

2 de marzo de 1932

23 de enero de 1933

Vigesimoprimera

Derogación de la Decimoctava Enmienda; se permite que cada estado o localidad establezca leyes secas.        20 de febrero de 1933

5 de diciembre de 1933

Vigesimosegunda

Limitación de la elección del presidente a dos períodos.

24 de marzo de 1947

27 de febrero de 1951

Vigesimotercera

Representación de Washington D. C. en el colegio electoral.

16 de junio de 1960

29 de marzo de 1961

Vigesimocuarta

Prohibición de condicionar el voto al pago de impuestos de capitación.

14 de septiembre de 1962

23 de enero de 1964

Vigesimoquinta

Incapacidades presidenciales            6 de julio de 1965

23 de febrero de 1967

Vigesimosexta

Se baja el mínimo para el sufragio universal a la edad de 18 años.             23 de marzo de 1971

1 de julio de 1971

Vigesimoséptima

La variación de la remuneración de los miembros del congreso.    25 de septiembre de 1789

7 de mayo de 1992

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