Fiscales advierten posible cooptación política si el pleno de la Convención aprueba un Consejo Superior

La Asociación Nacional de Fiscales rechazó en su mayoría la propuesta de la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constituyente, que instaura un órgano colectivo (Consejo Superior), en la dirección Superior del Ministerio Público. «Pone la institución ante un riesgo de cooptación política, ante un riesgo de eventualmente ser susceptible a corrupción», indicó el fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Copiapó y consejero de la Asociación Nacional de Fiscales para el capítulo de Atacama, Renán Gallardo.

A fin de explicar el rechazo hacia esta idea sobre la organización del Ministerio Público, ocho gremios de la institución enviaron una declaración pública justificando su postura.

Argumentos

En el texto, los gremios argumentan que un Consejo Superior conllevaría un riesgo evidente de politización «independiente de todos los recaudos que puedan tomarse, cuando existen entes colectivos cuyos integrantes son designados en procesos electorales o por órganos eminentemente políticos, existe un riesgo de que dichos órganos intenten ser cooptados por grupos de interés que pretendan dirigir la institución para sus particulares intereses».

Además de restricciones burocráticas para acuerdos oportunos, porque «si bien existen entidades en el ámbito público con autoridad superior colectiva, todas ellas tienen relación con la generación de normas de aplicación general y/o toma de decisiones sancionatorias frente a un asunto sometido a su conocimiento. Muy distinta a las funciones del Ministerio Público, que son de naturaleza esencialmente ejecutiva y cuyas decisiones deben ser tomadas de forma oportuna, de lo contrario estas se tornan ineficaces».

Por su parte, Gallardo señaló que órgano colectivo a la cabeza del Ministerio Público «genera dentro de la institución, efectos adversos que desconcentran a los fiscales en sus actuaciones, toda vez que van a estar algunas veces preocupados de la configuración de esta fórmula, este consejo, y no en la investigación, persecución de delincuentes y protección a testigos».

Igualmente, el consejero en Atacama de la Asociación Nacional de Fiscales, mencionó que tener una persona a la cabeza de la institución tiene una razón de ser. «Permite que haya visibilidad respecto de la institución. El fiscal nacional puede verse con el general director de Carabineros, con el prefecto director de la Policía de Investigaciones; si hubiese una pluralidad de personas, no habría un par con esas instituciones que son auxiliares del Ministerio Público, por lo tanto la visibilidad como la responsabilidad se diluyen».

«Podría un político formar parte de este consejo, y el fiscal a cargo de un caso persigue a su perfil político, o un camarada de ese político. Eso generaría al menos un enrarecimiento del ambiente, que en mi opinión y de la Asociación Nacional de Fiscales constituiría un evidente conflicto de interés», puntualizó Renán Gallardo.

Cambios positivos

No obstante, Gallardo declaró que dejando de lado la creación de un Consejo Superior, ven en las propuestas de la Convención Constituyente un conjunto de cambios positivos cuya implementación en el Ministerio Público apoyan.

«Mantener al Ministerio Público como un órgano autónomo constituye una circunstancia que nos parece bien, nos parece bien también que el Ministerio Público sea jerarquizado, toda vez que la orden que emana de la cúspide, en nuestra opinión del fiscal nacional, a través de instrucciones generales, sea transversal a todo Chile», comentó el fiscal.

«Que ninguna ley ni ninguna autoridad pueda obstruir el trabajo de los fiscales nos parece del todo apropiado. Muchas veces nos hemos visto restringidos de acción en materia de delitos tributarios, en virtud de que otro órgano, nuevamente algo que constituye un ente exógeno al Ministerio Público no nos permite investigar. Al día de hoy si el Servicio de Impuestos Internos no se querella contra de una persona determinada por delito tributario no podemos continuar con una persecución penal eficaz, esta norma lo podría permitir», valoró Gallardo.

El persecutor continuó sus declaraciones añadiendo que «tenemos otras propuestas que hacerle a la Convención Constitucional: que se establezca un fiscal adjunto por comuna, en el caso de la Región de Atacama no hay un fiscal adjunto en Alto del Carmen (…) Haber aprobado una suerte de acreditación técnica en una Escuela de Fiscales para las personas que se vienen incorporando a la institución nos parece también razonable. Fundar las órdenes que emitan nos parece positivo, de hecho eso lo requerimos del fiscal nacional, esto significa una atenuación de sus potestades porque el fiscal nacional no por mera voluntad va a poder ordenar algo, sino que en definitiva los va a hacer porque existe una razón suficiente para hacerlo».

«Además apoyamos dos demandas históricas de los funcionarios: una que se refiere a los mecanismos de fiscalización laborales y sindicales de los funcionarios del Ministerio Público, y finalmente los funcionarios consideran necesario que se establezca de manera expresa que las autoridades del Ministerio Público tienen responsabilidades administrativas, toda vez que todo funcionario público debe estar sujeto a un sistema de responsabilidad administrativa para poder efectivamente supervigilar sus actuaciones a nivel de probidad y de eficiencia (…) Nos parece clave a fiscales como funcionarios que no se instaure un Consejo Superior en el Ministerio Público, sino que se mantenga la figura del fiscal nacional con potestades atenuadas, pero que no se politice la institución», concluyó.

Fuente: El Diario de Atacama

Logan Constituyente

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