Legislar vía decretos: Implicancias de las medidas propuestas que implementarían la nueva Constitución

De ganar la opción “Apruebo” el próximo 4 de septiembre, el Contralor de la República, Jorge Bermúdez y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, plantearon propuestas para agilizar y ordenar el proceso que tendrá el Parlamento con los proyectos de ley que deberán emitir de acuerdo con la nueva Constitución. Sin embargo, estas medidas generaron una discusión en la que hasta se habló de que representan un peligro para la democracia.

La primera, fue planteada por el Contralor de la República, quien sugirió crear una herramienta excepcional que permita adecuar el ordenamiento jurídico al régimen estipulado en la propuesta de Constitución, en tiempos acotados y “superando algunas dificultades de la ley”, señaló ante la comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional la semana pasada.

La idea de Bermúdez fue respaldada por el ministro de la Segpres, sin embargo, el secretario de Estado sugirió una segunda propuesta: «Presentado un proyecto de ley y transcurrido el tiempo razonable en el que se le da la oportunidad al Congreso de poder llegar a acuerdo en esas materias, alguien tiene que hacerse responsable. Ahí puede ocuparse una forma similar a la que recomienda el Contralor en materia adecuatoria, en última ratio, en el caso de que el Congreso no se ponga de acuerdo en términos legislativos regulares».

Algunas de las reacciones que se generaron en el mundo político, tras los planteamientos son:

• Álvaro Elizalde, presidente del Senado y líder del Partido Socialista: «Existe siempre una tentación para buscar normas excepcionales en esta materia, pero con los principios en materia democrática no se juega. (…) Son las dictaduras las que legislan por decreto y las democracias legislan a través del Congreso Nacional”.

 Ricardo Montero, convencional PS: “La delegación para legislar por decreto es una medida extraordinaria, limitada y acotada; no puede ser utilizada como una herramienta general en la transición constitucional”.

La diferencia: Para el abogado constitucionalista y académico de la Universidad de Chile y de la Universidad San Sebastián, Jorge Barrera, estas dos propuestas son distintas dado que:

• “La propuesta del contralor Bermúdez no es general, ya que él trató de entregar una propuesta de qué es lo que se podría hacer con las normas adecuatorias respecto de la Contraloría y de la Administración del Estado”, menciona.

• “Lo que hace el ministro Jackson y el Ejecutivo es extender una propuesta bastante peligrosa (…). Actualmente la Constitución habilita al Congreso Nacional para que pueda delegar ciertas atribuciones legislativas al Ejecutivo si lo encuentra pertinente y sometidos a casos excepcionales, que son los famosos decretos con fuerza de ley. Pero es el Congreso quien habilita al Presidente, no el texto constitucional”.

Según el experto esto hace que el Parlamento delimite si se entregan atribuciones en ciertas materias o no, y que está contenido en el artículo 64 de la Carta Magna. “Si en la nueva Constitución se habilita directamente al Ejecutivo a dictar ciertas normas que son propias de ley, eso es muy peligroso y es propio de dictaduras”, concluye Barrera.

La abogada constitucionalista y académica del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo (UDD), Catalina Salem, menciona que en el artículo 64 de la Carta Magna, se imponen varios límites a esta delegación que puede hacer el Congreso Nacional, en donde esta autorización no se puede extender a:

• La nacionalidad.

• La ciudadanía.

• Las elecciones.

• Un plebiscito.

• Funcionarios del poder judicial, Congreso Nacional, Tribunal Constitucional y de la Contraloría General de la República.

• La regulación de derechos fundamentales de garantías constitucionales.

• Materias que deben ser objetos de una ley orgánica constitucional o de quórum calificado, “como lo son las atribuciones de los tribunales de justicia o las conductas terroristas”.

Además, Salem detalla que “esta ley delegatoria le debe poner un plazo al Presidente para dictar ese decreto con fuerza de ley, el cual no puede ser superior a un año. Pero en ningún caso se le puede entregar al Jefe de Estado, un cheque en blanco para regular materias a través de un decreto con fuerza de ley”.

La importancia del artículo 64 de la Constitución y los límites que se exponen para su delegación radica para la académica de la UDD en que: “Es el Parlamento quien regula estas materias y hay una garantía de que se va a producir una deliberación democrática en que mayorías y minorías se van a poder expresar, representando genuinamente un debate democrático”. La abogada añade que es precisamente por este motivo que “el texto constitucional restringe muchísimo los decretos con fuerza de ley, porque no se produce una deliberación democrática”.

¿Se ha utilizado este decreto por fuerza de ley en otros gobiernos? Salem menciona que sí, y que en la “Constitución de 1925 muchos de sus contenidos se regularon a través de decretos de fuerza de ley, pero generó muchísimos problemas porque se vulneraron derechos fundamentales, y en esa época no habían órganos que lo controlaran”. En esa misma línea, la experta señala que en la Constitución de 1980 también se implementó a través de “decretos leyes por la Junta de Gobierno”, pero en ambos casos “vivíamos en una situación democrática deteriorada”.

En el caso de que el Parlamento se demore más de la cuenta en legislar acerca de las distintas materias, el abogado Jorge Barrera propone las siguientes medidas como contra peso para la inactividad de Congreso futuro:

• “Dar un plazo determinado en la Constitución para dictar y determinar normativas adecuatorias”.

• Respecto a lo anteriormente mencionado, “que esté sujeto a una declaración de inconstitucionalidad por la omisión del legislador”.

• “Hoy no está sancionado la omisión del legislador, por lo que, si omite cumplir con un mandato legal ni el Tribunal Constitucional, ni la Corte Suprema pueden obligar al legislador a dictar una ley determinada. Eso podría ser una solución prudente o adecuada”, añade Barrera.

Fuente: Emol.com

Logan Constituyente

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