Anotada por: Rodrigo Logan Soto.
Convencionalista constitucional, Distrito 9
Profesora Nicole Nehme
Los temas de regulación económica han estado en el centro de lo que ha generado frustración en Chile; no es una materia fría o meramente técnica. Cláusulas abusivas en contratos financieros, rechazo de las acciones contra los sistemas de salud, colusiones, entre otras materias, son parte de la generación de este descontento. Los Tribunales han tenido que venir a resolver aquello que la Constitución no ha resuelto.

Así, la doctrina lo ha definido e interpretado de formas diversas; permite fundamental tanto la intervención como la no intervención del Estado. Nuestra Constitución trae premisas económicas que han sido morigeradas con el tiempo, pero que han sido insuficientes para dar cuenta de los problemas que se producen en los mercados. Por ejemplo, las AFP asumen mercados sin fallas, asumen que todos los bienes regulados son bienes de consumo, el administrado se ve en función de su “ser consumidor”, se ve a la persona como un “homo economicus”, se ve al juez como esclavo de la ley, y una legislación inspirada por economistas.

Lo mismo se ve en regulación de Isapres, por ejemplo. A 40 años de esa Constitución, se ve un crecimiento económico notable pero también problemas de desigualdad. Las premisas anteriores no son del todo correctas; por ejemplo, los mercados no son perfectos, la racionalidad de las personas al tomar decisiones de consumo tampoco es perfectas, los contratos no son fáciles de evaluar ni aplicar. Estos cuestionamientos a paradigmas de regulación económica no solo han estado en Chile. El sistema norteamericano post Guerra Fría también dio una confianza excesiva en la auto regulación de los mercados.

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