Nueva Constitución y arqueología: en el camino de la verdad, la reparación y la justicia social

De las disciplinas con alto nivel de desarrollo científico en Chile, la arqueología es una de las menos conocidas en la opinión pública, excepto en comunas con alto potencial arqueológico como Arica, San Pedro de Atacama e Isla de Pascua, entre otras. Esto se debe a múltiples factores. Uno de los principales y de más larga data es la ausencia de arquitecturas monumentales precoloniales como los que identifican a Estados e Imperios en países como Perú y México, o de grandiosos entierros con numerosas piezas de metales y piedras preciosas como los que se encuentran en Costa Rica, Panamá y Colombia. 

Esta situación se ha prolongado en el tiempo, a pesar de una larga tradición de investigación antropológicos y arqueológicos estatales que se remontan a fines del siglo XIX principalmente en cementerios, incluyendo estudios de cuerpos humanos y objetos. Ya desde esta época se ha dado a conocer desde el área institucional y educacional parte de la historia de los pueblos indígenas previa a la invasión hispana del territorio chileno y sus incorporaciones post Guerra del Pacífico y la mal llamada Pacificación de La Araucanía. El desconocimiento perdura incluso con el reconocimiento internacional de la relevancia de sitios arqueológicos como Monte Verde. A nivel de opinión pública, la arqueología con suerte es sinónimo de momias Chinchorro o de algún otro sitio arqueológico circunstancialmente famoso, pero que en la mayoría de los casos no consigue arraigarse en el imaginario nacional.

Por esto es importante partir señalando ¿quiénes somos y qué es lo que hacemos las arqueólogas y los arqueólogos en Chile?, para luego plantear ¿cuáles podrían ser nuestros aportes a los procesos de cambio que esta nueva Constitución democrática nos permite imaginar/proyectar? 

La arqueología es actualmente una disciplina que estudia las materialidades sociales tanto del pasado como contemporáneas, a partir de métodos y técnicas que permiten el relevamiento de información contextual en dimensiones espaciales territoriales (dimensiones horizontales) y estratigráficas (dimensiones verticales). A pesar de su tradición indígena prehispanista, su mirada hegemónica y prácticas coloniales, propias de las arqueologías nacionales latinoamericanas, desde hace varias décadas este enfoque disciplinario desvinculado de periodos históricos específicos se ha expresado en que ciertos grupos de arqueólogas y arqueólogos chilenos han intensificado su preocupación por los restos materiales vinculados a periodos históricos y contemporáneos. Así también nos hemos abocado al estudio de viviendas y áreas de trabajo, dejando de lado el trabajo exclusivo en contextos funerarios. 

Dichos intereses han surgido por situaciones ajenas a la disciplina, como las expuestas por las excavaciones realizadas dentro proyectos de inversión inmobiliaria y de renovación urbana respecto al pasado colonial, o por las obligaciones de registro territorial en líneas de base patrimoniales impuestas desde 1994 por la Ley de Bases del Medio Ambiente (19.300), que nos han obligado a ampliar los tipos de registros. Se desmarcan de estos estímulos las investigaciones y peritajes en torno a las violaciones de Derechos Humanos, en que diferentes arqueólogos han participado exhumando cuerpos en el contexto de causas judiciales y, más recientemente, en el rescate de evidencias e información sobre sitios de memoria. Los estudios sobre la expansión Capitalista del siglo XX, del tipo estancias ganaderas y campamentos asociados a la minería del cobre y a la explotación del salitre, han sido más recientes y puntuales. Así también nuestro vínculo con comunidades locales y la equidad entre conocimientos y saberes, en la línea de la justicia epistémica.

En cuanto al ámbito laboral, antes de la década de 1990 contábamos con escasas plazas de trabajo, concentradas en museos y universidades con profesionales enfocados en la investigación de periodos prehispánicos. Actualmente, las nuevas circunstancias han ampliado los espacios laborales para el ejercicio de la arqueología aplicada, como es el caso de investigaciones patrimoniales en asociación a arquitectas(os) y profesionales de la conservación, y de los estudios ambientales, en colaboración estrecha con especialidades como la biología y la antropología, al asociarse legalmente los componentes arqueológico, etnográfico y biótico al medio ambiente. Todo ello ha generado una importante demanda de profesionales para evaluación de proyectos dentro de instituciones del Estado –Consejo de Monumentos principalmente– y para la generación de estudios, rescates de sitios arqueológicos y monitoreo de obras. 

En concordancia, la arqueología comenzó a ser vista por el mercado de la educación como una apuesta atractiva, abriéndose carreras profesionales en universidades públicas y privadas (por ejemplo, Arica, Temuco, Puerto Montt). Así, a la tradicional carrera de la Universidad de Chile, única sobreviviente a la dictadura cívico-militar, actualmente le acompañan otras cinco unidades de formación. Por otra parte, luego de la ampliación de los sistemas de beca estatales, en paralelo se ha registrado un crecimiento en la cantidad de arqueólogas(os) con estudios de posgrado. Es decir, nuestro país cuenta con un capital humano avanzado altamente especializado que es capaz de sostener uno de los mejores índices de productividad científica a nivel latinoamericano. Es más, la arqueología es una de las disciplinas académicas nacionales más productivas. Aun así, por momentos parece insuficiente la cantidad de profesionales para todos estos desafíos, en especial los profesionales.

Desde el Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile tenemos la preocupación por el futuro de la diversidad patrimonial y cultural, nuestra capacidad disciplinaria y los aportes que podemos realizar como profesionales al país. Es por ello que hemos realizado numerosos balances y reflexiones y, en atención a diversos debates, me permito plantear tres ámbitos en los cuales podemos identificar nudos críticos en torno a los desafíos que nos plantea la nueva institucionalidad que prontamente aprobaremos (espero). 

  1. Registro territorial: es evidente que la arqueología no es la única disciplina que realiza levantamientos de información territorial. Pero, por nuestra formación y ámbitos de desempeño, tenemos una mirada específica, diacrónica y temporalmente profunda en cuanto a las manifestaciones culturales. Somos capaces de relevar en una prospección –inspección visual o levantamiento de información no invasiva– diferentes formas de ocupar el espacio a través del tiempo, distinguiendo materiales e indicadores que permiten documentar modos de reproducción, producción y simbolización diferenciados cultural, social y temporalmente. Esta información puede alcanzar una resolución mayor si es que se aplican excavaciones dirigidas a problemas específicos. En este aspecto, desde hace décadas que, a través de los estudios ambientales, se está relevando información territorial y arqueológica previo a su destrucción/alteración a consecuencia de grandes proyectos de inversión (edificios, carreteras, ductos, actividades mineras, entre otros). Una adecuada evaluación debiera considerar las transformaciones naturales y antrópicas que han sufrido paisajes y territorios a través de diferentes escalas temporales (por ejemplo, geológica, histórica), permitiéndonos comprender cómo estas han afectado a las unidades discretas que definimos operacionalmente como sitios arqueológicos. Saliendo de la camisa de fuerza temporal, que sitúa el trabajo arqueológico en un pasado lejano, a través del manejo documental, territorial y del registro material somos capaces de identificar y definir concretamente las transformaciones ecológicas y culturales derivadas de procesos históricos como la expansión de imperios (inka e hispano), las intervenciones vinculadas a la ampliación del control territorial y la materialización de la soberanía estatal, y otros como los vinculados a empresas económicas capitalistas y/o neoliberales públicas y privadas.
  2. Patrimonios: así como la arqueología es una disciplina que genera conocimiento más allá de los pueblos indígenas, su ámbito de aplicación no solo se vincula a la patrimonialización (proceso en el que el Estado se ubica como garante de la protección, usufructo y manejo de ciertos bienes culturales). En la legalidad vigente existe la categoría de Monumento Arqueológico, el cual es protegido por el solo ministerio de la ley. En este aspecto, los bienes de data prehispánica (indígena, previa llegada de europeos) han sido por excelencia los resguardados. Con el avance de la disciplina, así como por la presión de intereses estatales, sociales y comunitarios, en las últimas décadas muchos otros elementos también ingresan dentro de esta categoría de protección por su antigüedad o unicidad. Sin embargo, el ámbito de aplicación de los estudios arqueológicos ha comprobado ir mucho más allá de lo patrimonial. No todo lo que somos capaces de investigar debe terminar en un museo o impedido de ser transformado en el tiempo y el espacio, destacando en este aspecto la contribución que la metodología arqueológica de relevamiento de información puede aportar en torno a demandas territoriales, desastres naturales y fenómenos sociopolíticos como el de la violencia política. Más allá de la reconocida función que la antropología y la arqueología latinoamericana han tenido en casos forenses.
  3. Reparación: considerando los dos puntos anteriores, podemos ser agentes activos en los procesos de verdad, justicia y reparación histórica que requiere nuestro país para avanzar al futuro, así como propone el preámbulo de nuestra nueva Carta Magna. Desde nuestra organización hemos comenzado a explicitar nuestro interés y preocupación por lo que nos corresponde en cuanto a demandas de restitución de bienes culturales, especialmente ancestros de comunidades indígenas. No somos los únicos responsables de aquello, ni disciplinaria ni personalmente, ya que diversos actores han sido parte del expolio que acusan muchas comunidades. Los principales responsables han sido instituciones del Estado, empresas privadas y personeros asociados a estas. Dentro de este contexto es que también hay responsabilidad profesional e histórica nuestra, que solo podremos comenzar a reparar mediante un proceso de reconocimiento de acciones y, en segunda instancia, mediante el redireccionamiento de nuestras prácticas. Eso en cuanto a lo que nos compete directamente. Más allá de ello, con la reconstrucción histórica de diversos procesos podemos ser relevantes en la reparación, así como en la documentación que habilite la restitución integral de derechos, autonomía, territorios y bienes a comunidades y territorios.

En consecuencia, el país nos necesita y nosotras(os) le debemos en muchos sentidos. Y no me cabe duda de que, en el contexto actual de importantes transformaciones institucionales, la mayoría de nosotras y nosotros estamos dispuestos a aportar desde nuestro ámbito de especialización –e incluso más allá– a los procesos de reparación, verdad y justicia social que nuestro país exige desde octubre del 2019.

Fuente: El Mostrador

Logan Constituyente

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