Escrito por:

Rodrigo Logan Soto.

Convencionalista, Distrito 9

Santiago 2021

“El orden público económico, es el conjunto de principios y normas jurídicas, que organizan la economía de un país. Y facultan a la autoridad, para regular, en armonía con los valores de la sociedad formulados en la Constitución”

En la actual constitución, son manifestaciones del Orden público económico, los siguientes artículos:

–          Principio de Subsidiaridad (art. 1º inciso tercero), el cual se expresa en las garantías constitucionales (art. 19 Nº 3, 9, 11, 12, 18, etc.);

–          Igualdad ante la ley, y proscripción a toda forma de arbitrariedad (art. 19 Nº 2);

–          -Derecho a vivir en un medio libre de contaminación y restricción de otros derechos en protección del medio ambiente (art. 19 Nº 8)

–          Derecho a la protección del Trabajo (19 Nº 16)

–          Igualdad ante las cargas públicas (art. 19 Nº 20

–          Derecho a desarrollar cualquiera actividad económica (art. 19 Nº 21 inciso primero)

–          Regulación del Estado Empresario (art. 19 Nº 21 inciso segundo)

–          No discriminación económica (art. 19 Nº 22)

–          Libertad para adquirir todo tipo de bienes (19 Nº 23)

–          Derecho de Propiedad (19 Nº 24)

–          Derecho de propiedad intelectual (19 Nº 25).

En base a estos principios, derechos o enfoques cumplen la función de liberalizar, restringir, ordenar, sancionar y regular la estructura económica de Chile, utilizando cuatro conceptos básicos.

Libertad: Expresado por la libertad económica, por la autonomía de la voluntad, la libertad para adquirir todo tipo de bienes.

Igualdad: Especialmente en lo relativo a la igualdad de trato e igualdad de oportunidades.

Subsidiariedad: El estado solo podrá participar en aquellas actividades que los particulares no estén en condiciones de asumir.

Propiedad Privada: Manifestado en el derecho de propiedad, en la propiedad intelectual.

Como comisión, creo que es necesario proponer dos conceptos, “Dinamismo” y “Honestidad”, mientras que se reemplaza la palabra “Subsidiariedad” por “Solidaridad”.

Dinamismo: Postura al cual no corresponde restringir la rapidez de las transacciones, al contrario, las políticas públicas deben están enfocadas en facilitar, optimizar y democratizar transacciones entre los agentes del mercado.

Honestidad: Las leyes o políticas públicas que se desprendan de la carta magna deben promulgar la honestidad, probidad y transparencia de todas las transacciones, suprimiendo la impunidad y sancionando penal, política y comercialmente a todos a quienes incumplan este principio.

Solidaridad: Con el principio de no afectación de los tributos, todos ellos se destinan a las arcas públicas para costear los gastos generales del país, siendo opcional para el Estado de Chile el intervenir activamente en un mercado que resulte de interés general.

Con esto en consideración, el libro “Derecho Constitucional”, tomo II, de Mario Verdugo Marinkovic, Emilio Pfeffer Urquiaga y Humberto Nogueira Alcalá, plantea que este orden público económico se puede dividir en las siguientes secciones: Igualdad ante las cargas Públicas, Derecho a Desarrollar cualquier actividad económica, derecho a la no discriminación económica, libertad de adquirir toda clase de bienes, el derecho de propiedad.

1.         Igualdad ante las Cargas Públicas.

1.1.      Derechos Protegidos.

EL articulo 19 N 20, de la carta fundamental consagra el derecho a “la igual repartición de los tributos en proporción de las rentas o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas” Principios: igualdad, legalidad, justicia y no afectación de tributos.

Principio de Igualdad.

Principio de Isonomía: lo que involucra la no capacidad de realizar discriminaciones arbitrarias en este ámbito, pero es posible hacer diferenciaciones ante las rentas mediante sistemas progresivos

Principio de legalidad:

Establecer los tributos y demás cargas públicas.

Establecer el sistema de repartición de los tributos en forma proporcional o progresiva.

Fijar excepcionalmente el destino de los tributos a un fin específico.

Principio de Justicia.

La ley no podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos.

Principio de no afectación.

Los tributos ingresarán al patrimonio de la nación y no podrán estar afectado a un destino determinado.

En determinados casos la ley establece dos excepciones a este principio:

–          Fines propios de defensa nacional.

–          Financiamiento de otras de desarrollo local.

2.         Derecho a Desarrollar cualquier Actividad Económica. (19 N21).

Derechos protegidos.

–          El derecho a desarrollar cualquier actividad económica, propiamente tal.

–          El derecho a que se respeten las normas sobre el estado empresario.

–          Limitaciones constitucionales de la libertad económica.

3.         Derecho a la no Discriminación Económica. Art 19 N22.

“la no discriminación arbitraría en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica#.

4.         Libertad de adquirir toda clase de bienes. (19 N 23).

Esta garantía se establece con el objetivo de implementar el libre acceso, a fin de hacer ingresas al dominio privad de las personas a cualquier título licito, toda clase de bienes, sea mueles o inmuebles corporales o incorporales, en general de todas las cosas susceptible s a ser incorporadas a un patrimonio personal, protegiendo a las personas de actos legislativos o de autoridad que las excluyan de este libre acceso a alguna categoría de bienes.

Limitaciones del derecho:

No podrán ser adquiridos por los particulares, los bienes que la naturaleza ha hechos comunes a todos los hombres: se trata de las cosas que forman parte del patrimonio de toda la humanidad, como el aire, el altamar, la luz, etc.

Tampoco podrán ser objeto de apropiación por los particulares, los bienes que deben pertenecer a la Nación toda. Para estos efectos, la ley deberá otorgar esta calidad a dichos bienes. Se refiere a los “Bienes nacionales de uso público”, como las plazas, las calles o las playas. A diferencia de las cosas señaladas en la letra (a), éstas podrán ser desafectadas por ley, en cambio las anteriores ello es imposible, toda vez que “la naturaleza las ha hecho comunes a todos los hombres”.

Por último, una ley de quórum calificado podrá establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes, y siempre que así lo exija el interés nacional.

5.         El derecho de propiedad.  Art 19 N 24.

            La propiedad, también llamada dominio constituye un derecho real, vale decir de aquellos que se ejercen sobre cosa determinada, y se encuentra definida en el Código Civil, el cual señala que: “es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o contra derecho ajeno”

Se protege la propiedad “en sus diversas especies”, o sea, no sólo el dominio pleno, esto es aquél que reúne la facultad de usar, gozar y disponer de la cosa.  También se protege la nuda propiedad, vale decir aquel derecho que tiene el propietario de una cosa que la ha entregado en usufructo (“la propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad”). Lo mismo ocurre con la propiedad fiduciaria y, en general con todo tipo de dominio establecido en el ordenamiento jurídico. Incluso ampara la propiedad privada, estatal y mixta.

Se ampara el dominio “sobre toda clase de bienes”. Esto quiere decir, la propiedad sobre bienes corporales o incorporales, muebles e inmuebles, derechos provenientes del orden público o de relaciones privadas, etc. También se extiende al dominio sobre créditos o derechos personales. Corresponde también a la esencia misma del derecho, el respeto no tan sólo por la calidad misma de propietario, sino que también el respeto al ejercicio de todas las atribuciones propias del dominio. O sea, se protege también las facultades de usar, gozar o disponer del objeto específico. En este mismo sentido, según veremos, la privación de alguno de estos atributos o facultades esenciales por parte del Estado, también debe estar precedido de una expropiación conforme a la Constitución y a las leyes.

Limitaciones al Derecho de Propiedad.

 La función social de la propiedad

El inciso 2º del artículo 19 Nº 24 de la CPR, establece:” sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental”.

Sobre la función social de la propiedad corresponde señalar lo siguiente:  Concepto de función social. La Constitución no define la función social de la propiedad, sin embargo, podemos citar los conceptos de algunos autores, como el de Lautaro Ríos, quien establece que “es la capacidad o aptitud que los bienes poseen – según su naturaleza – para satisfacer necesidades propias de la comunidad”; o como el de José Luis Cea: “es el resultado de la correcta aplicación de una fórmula o ecuación jurídico-social, que permite conciliar el ejercicio de derecho de propiedad por su dueño, de un lado, con las necesidades del mantenimiento y desarrollo de la comunidad, de otro”.

Fijación de la función social y de sus efectos. Sólo la ley podrá establecer las limitaciones y obligaciones que deriven de la función social de la propiedad. Por lo tanto, es materia de reserva legal tanto la calificación de la función social (la que, en todo caso deberá circunscribirse a los parámetros que señalaremos), como el establecimiento de las limitaciones y obligaciones específicas que se apliquen.

Parámetros de la función social de la propiedad. Si bien sólo el legislador podrá calificar la función social, la Constitución dispone que ésta podrá únicamente comprender cuanto exijan: (1) los intereses generales de la Nación; (2) la seguridad Nacional; (3) la utilidad pública; (4) la salubridad pública y (5) la conservación del patrimonio ambiental.

 La expropiación

Como vimos, el derecho de propiedad sólo admite dos tipos de limitación: aquellas que deriven de la función social de la misma, y la expropiación regulada en los incisos 3º a 5º del artículo 19 Nº 24.

Exclusividad de la expropiación: La expropiación constituye la única forma por medio de la cual se puede privar a alguien de su propiedad, del bien sobre el cual recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio.

Legalidad de la expropiación: Para que proceda, es necesario una ley general o especial que autorice la expropiación. Se enfatiza que la labor del legislador es autorizar la expropiación, y no realizar la expropiación. Vale decir, quien expropia es una autoridad administrativa que actúa en virtud de una ley que previamente lo ha habilitado para actuar. Por este motivo, cuando se reclame judicialmente de la expropiación, lo que se impugnará será el acto administrativo expropiatorio, mas no la ley permitió la expropiación. Esta última, sin embargo, podrá ser revisada a través de un recurso de inaplicabilidad o de una acción de inconstitucionalidad, ambas ante el Tribunal Constitucional.

Causales de expropiación: La ley general o especial que autorice la expropiación, sólo podrá ampararse en causa de utilidad pública o de interés nacional, en ambos casos, calificada por el legislador

Indemnización: Todo acto expropiatorio dará siempre derecho al pago de una indemnización, por el daño patrimonial efectivamente causado. De esta última frase se desprende que, salvo acuerdo en contrario, esta reparación solo cubre el daño patrimonial y no el daño moral. Además, sólo cubre el daño emergente (“efectivamente causado”), y no el lucro cesante (o sea, lo que dejaría de percibir la persona afectada si continuara en su calidad de propietario).

Fijación y pago de la Indemnización. El monto de la indemnización deberá ser fijado de común acuerdo entre las partes o bien, de no existir dicho acuerdo, en virtud de sentencia dictada conforme a derecho por los Tribunales ordinarios. Por su parte, la indemnización será pagada en dinero efectivo al contado, a falta de acuerdo. Agregamos que habitualmente, el fisco paga por intermedio de la justicia, debiendo el particular acudir al Tribunal Civil correspondiente al lugar donde tiene domicilio el órgano expropiante con el objeto de retirar los fondos correspondientes. El retiro de esta cantidad no significa renuncia al derecho de reclamo por el acto expropiatorio y, por lo mismo, no existe obstáculo para deducir la acción respectiva.

Acción de reclamo por acto expropiatorio. La Constitución establece que el expropiado podrá reclamar la legalidad del acto expropiatorio ante los Tribunales ordinarios.

Toma de posesión material. El órgano expropiante sólo podrá tomar posesión del bien respectivo, previo pago del total de la indemnización. A falta de acuerdo en cuanto a su monto (por ejemplo, está pendiente una acción de reclamo ante Tribunales), será determinada provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley. También en caso de reclamo, el juez podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de posesión material.

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